CDMX.- Ricardo Monreal ya no puede disimularlo: con Enrique Inzunza fuera de la bancada de Morena, la mayoría calificada en el Senado queda en el filo de la navaja. El coordinador lo dijo con la boca chica y el cálculo grande: Morena, PT y Verde se quedan en 86 votos, los justos para reformar la Constitución; una ausencia o un no basta para que se caiga el andamiaje. Lo que Monreal llama “preocupación” es, en realidad, el reconocimiento de que el movimiento midió primero los números y después la vergüenza. Inzunza no se fue del escaño. Se fue del grupo. Conserva el fuero, la dieta y la pretensión de votar “según su conciencia” hasta 2030, mientras Estados Unidos lo acusa —junto a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses— de haber operado como enlace con Los Chapitos para proteger tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina a cambio de respaldo político. Él lo niega y lo llama lawfare. El Departamento de Justicia de Nueva York lo imputó el 29 de abril. Cuatro meses después, el partido lo empujó a la orilla sin exigirle licencia.
La secuencia es descarnada. Primero lo defendieron. Luego Sheinbaum admitió que sí convenía que pidiera licencia. Después la bancada lo sacó del grupo porque no quería el costo político de tenerlo sentado el 1 de septiembre. Inzunza se adelantó, se declaró independiente y se cubrió con el voto de 700 mil sinaloenses como si el sufragio fuera un salvoconducto eterno. Morena rompió con él en público y dejó su militancia en manos de la Comisión de Honestidad, ese mecanismo que suele activarse cuando el daño ya es irreparable. No hay sentencia firme en México. Tampoco hay una decisión política que anteponga la investigación al cálculo. Hay un senador acusado de pactar con el crimen, aferrado al cargo, y un oficialismo que se deslinda tarde.
Ahora la presión ya no viene solo de Washington. La activista Vania Pérez Morales impulsó en Change.org una campaña para exigir que Inzunza deje el Senado, con el argumento más elemental y más ignorado: el cargo no puede servir de trinchera contra la rendición de cuentas. Monreal espera que el sinaloense “siga unido a los principios del movimiento”. Esa frase es la confesión. Los principios, para esta clase política, caben en una votación. La pregunta que queda no es si Inzunza es culpable —eso lo tendrán que probar jueces, no tuits—. La pregunta es por qué un Congreso que presume transformación tolera que un acusado de colusión con el narco conserve el fuero, el sueldo y la llave de una reforma constitucional, mientras el partido se lava las manos y el país se traga otra vez la misma farsa: primero el poder, después, si acaso, la justicia.
