CDMX.- Hoy se difundió el nacimiento de la Alianza Democrática para la Observación Electoral 2026-2027, convocada por 450 ciudadanas y ciudadanos. El documento, fechado el 21 de septiembre, promete seguir el proceso que arrancó el 10 de septiembre y termina el 6 de junio de 2027 —500 diputados, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos— “sin estar a favor ni en contra de ningún partido”. El Universal y Excélsior ya habían registrado el mismo esfuerzo semanas atrás, con nombres como Sergio Aguayo, Denise Dresser, Mauricio Merino y José Woldenberg.
El problema no es vigilar casillas. El problema es vender neutralidad cuando el propio relato de origen sentencia que “México está perdiendo su democracia” por la desaparición de organismos autónomos, el golpe al Poder Judicial y la concentración del poder. Eso no es un acta notarial: es un diagnóstico político. Quien llega a las urnas habiendo declarado el deterioro institucional ya eligió bando, aunque jure que no pide el voto. En un país donde el oficialismo controla la mayoría del mapa y la oposición apenas discute si coaligarse o no, una alianza “apartidista” con ese lenguaje no observa el tablero: lo interpreta.
Y la escala delata el gesto. Cuatrocientas cincuenta firmas no alcanzan para cubrir 170 mil casillas ni para frenar clientelismo, violencia ni captura de fiscalías. Si de verdad importara la ley, la prueba no sería el desplegado ni el tuit: sería documentar irregularidades con nombre, fecha y prueba, también cuando incomoden a “los propios”. Mientras tanto, 2027 se juega con instituciones más débiles y con una observación ciudadana que corre el riesgo de ser solo un sello moral. La ley no se defiende con comunicados. Se defiende en el piso, o no se defiende.
