Nancy Nápoles y el “secuestro exprés” que se desmorona a cada pregunta
La Fiscalía del Estado de México acusa a la edil morenista, a su esposo y a su cuñado de haber planeado un falso secuestro para justificar un desfalco de 40 millones de pesos
Estado de México.- La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, sostiene que el 31 de mayo la bajaron a punta de pistola de la camioneta de su hermana, la subieron a un auto rojo y le exigieron 40 millones de pesos de rescate, dinero que ella misma sugirió sacar del erario municipal. Dice que escapó corriendo por una terracería tras notar nerviosismo en sus captores y que tiene un video parcial donde se ve el momento en que la obligan a subir al vehículo. La Fiscalía del Estado de México, en cambio, acusa a ella, a su esposo José Roberto y a su cuñado Óscar de haber planeado todo desde febrero para justificar un desfalco de esa misma cantidad. Ya vincularon a proceso a tres personas —Karla Valeria, Christian y Víctor Manuel— con prisión preventiva, mientras el esposo y el cuñado siguen prófugos.
En la entrevista con Ciro Gómez Leyva, Nápoles se trabó al explicar cómo logró escapar y ya no quiso seguir contestando. Asegura que su esposo no está prófugo porque ambos acudieron a las citaciones de la Fiscalía y entregaron teléfonos y declaraciones, pero las autoridades lo siguen buscando. Presentó un video que, según ella, desmiente la versión oficial, mientras niega cualquier faltante en las arcas del ayuntamiento y habla de persecución política. Morena ya le suspendió sus derechos partidarios como medida cautelar.
Lo más grave no es solo la versión contradictoria de la alcaldesa, sino la ligereza con la que se intentó meter las manos en 40 millones de pesos públicos para tapar un agujero. Tres personas ya están vinculadas por la Fiscalía y dos más prófugas, mientras ella sigue en funciones y exigiendo que le crean. Si esto es persecución, está muy mal armada; si es real, la explicación sigue sin cuadrar ni en los detalles más básicos. El caso ya no es solo de ella: es de la confianza que la ciudadanía puede tener en quien administra recursos que no le pertenecen.
