Narcocorridos bajo fuego: Los estados de México que los prohíben y el debate que encienden
La selectividad de las prohibiciones levanta sospechas. ¿Por qué se persigue a los narcocorridos, pero no a otros géneros que también abordan temas de violencia, como el reggaetón o el rap?
CDMX.- En México, la música ha sido siempre un reflejo de la realidad, un lienzo sonoro donde se pintan las alegrías, las luchas y, a veces, las tragedias de la sociedad. Sin embargo, los narcocorridos, un subgénero del corrido tradicional que narra las hazañas, lujos y violencias del narcotráfico, han desatado una tormenta de controversia. Diez estados de la República Mexicana han decidido prohibir su interpretación en eventos públicos, argumentando que glorifican el crimen organizado y normalizan la violencia. Pero, ¿es esta censura una solución efectiva o un golpe a la libertad de expresión? A continuación, desglosamos la situación con un análisis crítico, basado en datos verificados, para entender el alcance de estas prohibiciones y sus implicaciones.
Contexto: La evolución de un género polémico
Los narcocorridos, herederos de los corridos revolucionarios que cantaban las gestas de héroes como Pancho Villa, encontraron su auge en los años 90 con figuras como Chalino Sánchez. Sus letras, crudas y directas, relatan historias de capos, traiciones y excesos, convirtiéndose en un fenómeno cultural en regiones como Sinaloa, Chihuahua y Baja California. En la última década, artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Luis R. Conríquez han llevado el género a nuevas alturas, especialmente entre los jóvenes, gracias a los "corridos tumbados", una variante moderna que mezcla ritmos urbanos y narrativas bélicas.
Sin embargo, la popularidad de estos temas ha coincidido con un aumento de la violencia en México, donde el crimen organizado sigue siendo un desafío mayúsculo. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 30,296 homicidios dolosos en el país, una cifra que, aunque menor a años anteriores, refleja una crisis persistente. En este contexto, las autoridades de diversos estados han señalado a los narcocorridos como un factor que exalta la "narcocultura", acusándolos de promover valores antisociales y de incitar a la violencia, especialmente entre las nuevas generaciones.
Los estados que han dicho "no" a los narcocorridos
A falta de una legislación federal que regule este género, los gobiernos locales han tomado la iniciativa, implementando prohibiciones que van desde multas millonarias hasta penas de cárcel. Hasta abril de 2025, los siguientes diez estados han restringido la interpretación de narcocorridos en eventos públicos:
1. Aguascalientes: El 16 de abril de 2025, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal que sanciona con multas de hasta 100,000 pesos o un año de prisión a quienes interpreten narcocorridos en eventos públicos, justo antes de la Feria de San Marcos. La medida busca prevenir la apología del delito en un estado que ha visto un repunte de violencia ligada al crimen organizado.
2. Michoacán: El 17 de abril de 2025, entró en vigor un decreto firmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que prohíbe los narcocorridos en palenques, ferias y conciertos. Las sanciones incluyen la cancelación de eventos, multas económicas y la revocación de permisos. El gobierno argumenta que estas canciones enaltecen a delincuentes, algo inaceptable en un estado golpeado por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
3. Baja California: Desde noviembre de 2023, Tijuana reformó su Reglamento de Espectáculos Públicos, imponiendo multas de hasta 1.2 millones de pesos por interpretar narcocorridos en bares, antros o conciertos. La presidenta municipal, Montserrat Caballero, aclaró que la restricción aplica solo a espacios públicos, permitiendo su reproducción en entornos privados.
4. Chihuahua: Uno de los pioneros en prohibir este género, desde 2015 impone multas de entre 105,000 y 350,000 pesos, que en algunos casos superan el millón. Artistas como Natanael Cano (multado con 1.24 millones en 2023) y Junior H (1.1 millones en 2024) han enfrentado sanciones por cantar temas que glorifican el narco.
5. Guanajuato: Aunque no existe una ley estatal explícita, se han restringido conciertos que incluyan narcocorridos, especialmente en municipios como León y Celaya, donde la violencia ha escalado. Las autoridades locales justifican estas medidas como parte de una estrategia para desincentivar la narcocultura.
6. Quintana Roo: En Cancún, desde 2023, el ayuntamiento prohíbe eventos que promuevan la violencia a través de narcocorridos, basándose en el Reglamento de Espectáculos Públicos. La medida responde a incidentes de violencia en conciertos, como los reportados en la Plaza de Toros de Benito Juárez.
7. Nayarit: Desde el 4 de febrero de 2025, un decreto estatal prohíbe narcocorridos y corridos tumbados en espacios públicos. Las sanciones incluyen la suspensión de eventos y la revocación de licencias. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero argumenta que estas canciones normalizan la violencia entre los jóvenes.
8. Jalisco: En abril de 2025, tras un concierto de Los Alegres del Barranco en Zapopan donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del CJNG, el gobernador Pablo Lemus ordenó prohibir cualquier espectáculo que haga apología del crimen. La medida aplica a todo el estado y ha generado investigaciones contra artistas y organizadores.
9. Querétaro: En abril de 2025, el gobierno estatal y 18 municipios acordaron restringir eventos que promuevan el crimen organizado. Se trabaja en una reforma para sancionar explícitamente los narcocorridos, priorizando la "tranquilidad" de los ciudadanos.
10. Estado de México: Municipios como Texcoco, Metepec y Tejupilco aplican sanciones desde abril de 2025, con penas de 3 a 6 meses de prisión y multas de hasta 60 días de salario mínimo. El caso de Luis R. Conríquez, quien enfrentó agresiones del público en la Feria del Caballo de Texcoco por no cantar narcocorridos, ilustra la tensión generada por estas restricciones.
Incidentes que avivaron la controversia
La chispa que reavivó el debate fue el concierto de Los Alegres del Barranco en Zapopan, Jalisco, el 29 de marzo de 2025. Durante el evento, se proyectaron imágenes de "El Mencho", lo que desató una investigación de la Fiscalía General de Jalisco por apología del delito. Días después, el 12 de abril, Luis R. Conríquez enfrentó la furia de los asistentes en Texcoco cuando anunció que no interpretaría temas como "Presidente" o "Si no quieres no" para cumplir con las normativas locales. La reacción fue caótica: el público lanzó botellas, sillas y basura, dañando el equipo del escenario. Estos episodios evidencian la polarización entre los fans del género y las autoridades que buscan regularlo.
El debate: ¿Censura o seguridad pública?
Las prohibiciones han generado un enfrentamiento entre dos posturas. Por un lado, las autoridades, respaldadas por sectores conservadores, argumentan que los narcocorridos fomentan una cultura de violencia y glorifican a figuras criminales. En Michoacán, el gobernador Ramírez Bedolla ha sido tajante: "No es posible que en estos eventos se quiera presumir como grandes personas a los delincuentes". La presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no apoya una prohibición federal, impulsa una campaña para promover música regional sin mensajes violentos, aclarando que los corridos tumbados no están vetados.
Por otro lado, artistas y defensores de la libertad de expresión ven estas medidas como un ataque a la creatividad y un intento de silenciar una narrativa que refleja la realidad de muchas comunidades. Los narcocorridos, argumentan, son un espejo de la desigualdad, la marginación y la violencia estructural que persisten en México. Prohibirlos no elimina las causas de fondo, sino que invisibiliza una expresión cultural arraigada. Además, la aplicación de sanciones ha sido inconsistente: mientras en Chihuahua las multas son ejemplares, en estados como Sinaloa, cuna del género, no hay restricciones claras, lo que genera confusión entre artistas y promotores.
Análisis crítico: ¿Funcionan las prohibiciones?
Las medidas contra los narcocorridos plantean varias preguntas. Primero, su efectividad es dudosa. Prohibir un género musical no aborda las raíces de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades o la corrupción. Segundo, las sanciones podrían tener un efecto contraproducente, aumentando el atractivo de los narcocorridos entre los jóvenes al presentarlos como un acto de rebeldía. Tercero, la línea entre apología del delito y libertad de expresión es difusa. El artículo 209 del Código Penal Federal, que castiga la provocación a cometer un delito con hasta 180 jornadas de trabajo comunitario, es suficientemente ambiguo como para ser aplicado de manera arbitraria.
Además, la selectividad de las prohibiciones levanta sospechas. ¿Por qué se persigue a los narcocorridos, pero no a otros géneros que también abordan temas de violencia, como el reggaetón o el rap? ¿Es esto una estrategia genuina para combatir la narcocultura o una maniobra política para proyectar control en estados asediados por el crimen? La respuesta no es clara, pero la historia sugiere que la censura rara vez resuelve problemas estructurales.
Conclusión: Un dilema sin solución sencilla
Los narcocorridos son más que canciones; son un fenómeno cultural que refleja las contradicciones de un país donde la violencia y la música han convivido por décadas. Las prohibiciones en Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Querétaro y el Estado de México son un intento de frenar la glorificación del crimen, pero también abren un debate sobre los límites de la libertad artística y la responsabilidad social de los artistas. Mientras las autoridades apuestan por la regulación, los fans y músicos defienden su derecho a contar historias, por crudas que sean.
En última instancia, el futuro de los narcocorridos dependerá de un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a la expresión cultural. Pero una cosa es segura: silenciar la música no hará desaparecer la realidad que la inspira. México necesita estrategias más profundas para enfrentar la violencia, y eso empieza por escuchar, no por prohibir.