Baja California Sur.- En su gira del Segundo Informe, Claudia Sheinbaum dijo en Baja California Sur que el gobierno no compra votos: “damos derechos al pueblo de México, que es muy distinto”. El acto de La Paz —parte de la serie “Honestidad y Resultados”— coincidió con protestas de maestros, ejidatarios y colectivos de búsqueda, y con la presencia de aspirantes morenistas rumbo a 2027. El mismo domingo, en Culiacán, productores de maíz se plantaron a las puertas de la Feria Ganadera para exigir apoyos que, según sus dirigentes, debían haberse liquidado a finales de agosto. Baltazar Valdez Armentía habló de unos 5 mil afectados y de cartera vencida justo al arranque del nuevo ciclo.
La frase suena limpia. El escenario no. En BCS y Sinaloa los eventos oficiales se montan con logística masiva, transporte organizado y un relato que personaliza becas y pensiones como dádiva presidencial. Eso no es prueba penal de compra de voto; sí es el uso político del presupuesto en tiempo de sucesiones locales. Mientras Sheinbaum habla de transferencias directas por el Banco del Bienestar, en Sinaloa el campo sigue esperando el incentivo federal —hasta 1,700 pesos por tonelada de maíz, con tope— y enfrenta créditos impagos. Un derecho que llega tarde, o no llega, deja de ser derecho y se vuelve palanca.
La crítica dura no es retórica de oposición: es el desajuste entre el púlpito y la puerta. Si los programas son derechos universales, no necesitan gorra, templete ni gira electoral disfrazada de informe. Si el campo es prioridad, el pago no puede quedar atorado en “falla burocrática” el mismo día en que la Presidenta llena un recinto. Mientras el gobierno venda bienestar como identidad partidista y deje a los productores haciendo fila afuera, la distinción entre derecho y voto seguirá siendo un eslogan, no un hecho.
