No es "campo de exterminio", afirma el Fiscal, y agrega: "no hay credibilidad de los restos óseos ni de las prendas encontradas" en Teuchitlán, Jalisco
“Diligencias ministeriales en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de huellas o indicios de los hechos, sobre todo en prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas".
CDMX.- En rueda de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, rechazó la versión del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco al afirmar que “no hay elementos suficientes para establecer que el lugar se usaba como sitio de exterminio, no hay indicios de que las identificaciones y prendas olvidadas en el terreno pertenecen a personas reportadas como desaparecidas” e informó que no hay credibilidad en torno a los restos humanos encontrados en el lugar por los colectivos de búsqueda: “el dictamen que nos hace llegar la fiscalía del estado no nos garantiza la credibilidad de esos restos óseos.”
Expuso las graves irregularidades en la investigación relacionada con los campos de exterminio descubiertos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Gertz Manero presentó un informe técnico que pone al descubierto un preocupante patrón de negligencia por parte de las autoridades locales.
Entre los puntos más alarmantes, destacó que “las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de huellas o indicios de los hechos, sobre todo en prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas.” Además, señaló que “no se procesaron debidamente los vehículos que fueron encontrados, de los cuales tres ya han sido robados.”
El informe también resalta que las autoridades locales fallaron en coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR) para actuar sobre delitos como la posesión de armas de fuego y delincuencia organizada. “No se dio intervención inmediata a la FGR por estos delitos,” afirmó el fiscal. A esto se suma la ausencia de una inspección exhaustiva del predio y la falta de seguimiento a huellas dactilares encontradas en el lugar.
A seis meses del hallazgo, el panorama sigue siendo preocupante. Gertz Manero reveló que “los servicios periciales de la Fiscalía de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la identidad de las víctimas.” Además, agregó que no se han esclarecido los vínculos entre las autoridades locales y los cárteles delictivos que operan en la región.
El fiscal también arrojó dudas sobre las osamentas encontradas en el rancho. Según explicó, “el dictamen que nos hace llegar la fiscalía del estado no nos garantiza la credibilidad de esos restos óseos.” Aunque se hallaron fragmentos de huesos, no se siguió el protocolo para determinar si fueron destruidos o cremados en el sitio. “No hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido,” sentenció.
“No hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido (que hayan sido cremados), sí encontraron restos, una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta, el dictamen que nos hace llegar la fiscalía del estado no nos garantiza la credibilidad de esos restos óseos, de que encontraron, los encontraron”.
Para abordar la falta de claridad, Gertz Manero hizo un llamado a la colaboración ciudadana y señaló: “Cualquier persona física o moral que quiera o pueda aportar pruebas, establecer cualquier hipótesis válida, debe de ser aceptada.” Asimismo, adelantó que la FGR solicitará a las autoridades de Jalisco abrir el rancho Izaguirre a los medios de comunicación este jueves para que se realice un recorrido transparente del lugar.
El caso, que comenzó con una denuncia anónima recibida en uno de los C5 de Jalisco y transmitida a la Guardia Nacional, continúa siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad. Gertz Manero subrayó que “el informe policiaco señala que fueron recibidos con armas de fuego,” pero que las autoridades lograron tomar el predio, deteniendo a diez personas, encontrando a dos sobrevivientes y descubriendo a una víctima fallecida.
Pese a estos avances, el fiscal reiteró que “además de que no hay elementos suficientes para establecer que el lugar se usaba como sitio de exterminio, no hay indicios de que las identificaciones y prendas olvidadas en el terreno pertenecen a personas reportadas como desaparecidas.”
Este sombrío panorama refleja las fallas institucionales que perpetúan la incertidumbre en casos tan críticos.