CDMX.- La diputada morenista Elena Segura encaró a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Palacio, en la plenaria de su propia bancada. No fue un opositor: fue una legisladora del partido en el poder quien denunció que las iniciativas llegan con incompatibilidades, incongruencias y antinomias jurídicas, y que la instrucción desde el Ejecutivo es clara: no se les mueve ni una coma. Lo peor, dijo, no es que la oposición los vapulee, sino que lo hace “con argumentos legítimos”.
Puso el ejemplo más humillante: advirtieron errores en una iniciativa sobre abuso sexual; les ordenaron enviarla tal cual porque eran Cámara de origen. Dos semanas después, el Senado se las regresó con las mismas correcciones que ellos ya habían señalado. “De verdad, es de pena”, remató. El Congreso, con mayoría aplastante, se reduce a oficina de trámite de textos defectuosos. No legislan: firman. Y cuando el texto sale mal, el costo político lo pagan ellos en tribuna mientras quienes lo redactaron siguen exigiendo disciplina ciega.
Eso no es rigor revolucionario. Es desprecio por la técnica legislativa y por el propio Congreso. Si ni sus diputados pueden corregir una coma sin permiso, el problema no es la oposición: es un Ejecutivo que prefiere leyes chapuceras e intocables antes que un trabajo serio. Y lo dicen ellos mismos.
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