Noroña destapa la cloaca judicial: ¿Candidatos ligados al narco en la boleta?
El Senado cuenta con “información muy sólida” para impugnar a candidatos con presuntos vínculos criminales
CDMX.- La elección judicial del próximo 1 de junio, un experimento único en el mundo para elegir jueces y magistrados por voto popular, está en el ojo del huracán. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y figura clave de Morena, ha encendido las alarmas al asegurar que el Senado cuenta con “información muy sólida” para impugnar a candidatos con presuntos vínculos criminales, incluidos defensores de narcotraficantes y jueces que han liberado a capos. Pero, ¿cómo llegaron estos perfiles a la boleta? Y, más importante, ¿qué tan efectivos serán los esfuerzos para frenarlos?
La advertencia de Noroña no es nueva. Desde abril, el senador ha señalado fallas en los filtros del proceso de selección, admitiendo que “se nos fueron algunos casos” de aspirantes con antecedentes dudosos. En una conferencia reciente, detalló que el Senado ha solicitado información a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para sustentar impugnaciones contra al menos una veintena de candidaturas. Entre los señalados hay abogados que han defendido a narcotraficantes y jueces acusados de liberar delincuentes mediante amparos, lo que Noroña calificó como una violación al principio constitucional de probidad.
El contexto es crítico. La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba democratizar el Poder Judicial, pero ha sido criticada por expertos, la oposición e incluso organismos internacionales como la ONU, que advierten que el voto popular podría exponer a los jueces a presiones políticas y del crimen organizado. La organización Defensorxs, por ejemplo, ha señalado casos como el de Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez en Durango, quien estuvo seis años preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Casos como este alimentan las dudas sobre la integridad del proceso.
Sin embargo, el camino para descalificar a estos candidatos es un campo minado. El INE, encargado de organizar la elección, ha reiterado que no le corresponde evaluar los antecedentes de los aspirantes, sino garantizar la votación. Su presidenta, Guadalupe Taddei, ha dicho que cualquier impugnación debe presentarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con pruebas contundentes. Aquí surge el primer problema: Noroña ha reconocido que el área jurídica del Senado carece de experiencia en temas electorales, lo que llevó a una impugnación inicial mal planteada en abril, enfocada en un acuerdo general del INE y no en candidaturas específicas.
La falta de claridad no termina ahí. Aunque Noroña insiste en que las impugnaciones se presentarán antes del 1 de junio, no ha especificado nombres ni pruebas concretas, lo que genera escepticismo. En redes sociales, críticos como el usuario @ferbelaunzaran, han cuestionado la coherencia del proceso, señalando que el Senado, controlado por Morena, parece atrapado en una contradicción: primero reconoce el problema, luego pide investigar, pero no actúa con la contundencia prometida. Otros, como @MiguelMezaC, han aplaudido la intención de Noroña, pero exigen acciones inmediatas para evitar que “narcocandidatos” lleguen al poder.
El trasfondo político no puede ignorarse. Noroña, quien se perfila como presidenciable de Morena para 2030 según encuestas, podría estar usando este escándalo para reforzar su imagen como un político combativo. Sin embargo, su retórica incendiaria y la falta de resultados concretos podrían volverse en su contra si las impugnaciones no prosperan. Mientras tanto, la elección judicial avanza bajo un manto de desconfianza, con el riesgo de que el crimen organizado infiltre uno de los poderes del Estado.
La pregunta sigue en el aire: ¿podrá el Senado limpiar la boleta a tiempo? Los próximos días serán clave para saber si las promesas de Noroña se traducen en hechos o se quedan en un grito más en el desierto político mexicano.