CDMX.- El senador Gerardo Fernández Noroña, ese experto en defender lo indefendible con el mismo brío con el que se pone la pashmina, acaba de dictar sentencia mediática sobre Rubén Rocha Moya. Según el legislador, el gobernador con licencia de Sinaloa ya tiene la reputación hecha trizas y ahora le tocará “luchar para reivindicar su trayectoria”. Qué generoso: como si un poco de esfuerzo retórico borrara las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa, la licencia de 112 días, el regreso relámpago del 21 de agosto y la nueva salida indefinida apenas 34 horas después, cuando hasta Claudia Sheinbaum habló de “ambición desnuda del poder”.
Noroña, fiel a su estilo, deja la pelota en la cancha de la FGR: si encuentran elementos, proceden; si no, no hay acción legal. Muy conveniente, porque la Fiscalía lleva meses diciendo que no hay pruebas suficientes bajo el estándar mexicano, mientras las carpetas siguen abiertas y Segob aclara que el vaivén de Rocha fue “decisión personal”. Mientras tanto, el senador no cree que el sinaloense regrese al cargo. Claro, después del espectáculo de retomar el poder “con la frente limpia” solo para volver a pedir licencia cuando la presión subió, ¿quién se atreve a apostar por un tercer round?
Al final, el mensaje de Noroña suena menos a defensa y más a epitafio político: el daño ya está hecho, las pruebas de Washington no llegan, la investigación mexicana no avanza y el único que parece salirse con la suya es el propio sistema que convierte cada escándalo en un ejercicio de “espera a que la FGR decida”. Rocha tendrá que pelear por su nombre; el resto de los sinaloenses, por un gobierno que no se dedique a estos juegos de sillas.