CDMX.- El domingo 20 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña regresaba del informe del gobernador de Nayarit cuando, en la Terminal 2 del AICM, varias personas lo encararon. Una mujer le gritó “corrupto”, “fuera Morena” y “baila, baila”, mientras el senador seguía caminando con la maleta y movía la mano como si dirigiera una orquesta. No fue un ataque por la espalda ni un acto aislado: hay más de un video y más de una voz. Noroña, en lugar de ignorarlo o responder con argumentos, publicó que un grupo “se envalentonó” con “canalladas” que, según él, promueven los medios, y soltó la frase de siempre: si fueran narcos, nadie se atrevería ni a mirarlos.
Después vino lo más revelador. El senador no se limitó a descalificar a quien lo increpó: sacó videos del hermano de la mujer, contenidos que ya circulaban en redes, para acusarlo de usar el lema “Hacer México Seguro Otra Vez” al estilo Trump y de ser “misógino”. Es decir, un funcionario electo convierte un reclamo en espacio público en una cacería familiar. No es la primera vez que el AICM le resulta un campo minado: en 2024 otro incidente terminó en denuncia y una disculpa posterior del ciudadano. El patrón se repite: primero la victimización, luego el señalamiento personal.
La reacción de Noroña no es fortaleza política; es intolerancia disfrazada de combate a la “ultraderecha”. Un senador que ha acumulado sanciones por violencia política de género no puede erigirse en árbitro moral de lo que publica el hermano de una desconocida. Si cada vez que un ciudadano le grita en un aeropuerto la respuesta es etiquetar, exhibir y amenazar con el relato de que “los medios los azuzan”, lo que queda al descubierto no es una conspiración facha: es un poder que ya no soporta ser mirado de frente. El voto de castigo del que hablan algunos no nace de un video; nace de esta costumbre de tratar cualquier crítica como delito de lesa transformación.