Nuevos golpes al huachicol, ahora en Veracruz y Nuevo León: un capítulo más en la lucha contra un delito que AMLO mintió haber erradicado
El hallazgo en Coatzacoalcos no fue casualidad. Según García Harfuch, la operación se gestó tras meses de vigilancias fijas, móviles y vuelos de reconocimiento.
Coatzacoalcos, Veracruz / Allende, Nuevo León.— En un día que marca un hito en la lucha contra el robo de combustibles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció dos operativos simultáneos que desmantelaron operaciones ilícitas en Coatzacoalcos, Veracruz, y Allende, Nuevo León. En el primero, una refinería clandestina que procesaba diésel artesanal, nafta ligera y combustóleo ligero fue desactivada, con 500 mil litros de crudo asegurados. En el segundo, se incautaron 1.2 millones de litros de hidrocarburo, junto con pipas y contenedores. Estos decomisos, ejecutados por el Gabinete de Seguridad con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y otras instituciones, exponen la magnitud de un negocio que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) juró haber erradicado. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, México enfrenta la verdad: el huachicol, lejos de desaparecer, se ha reinventado.
Operativos quirúrgicos en dos frentes
Los cateos en Coatzacoalcos y Allende no fueron obra de la casualidad. En Veracruz, meses de vigilancia fija, móvil y aérea llevaron al descubrimiento de un inmueble disfrazado como planta de tratamiento de residuos industriales, pero equipado con tuberías, siete tanques móviles y cuatro tanques verticales para operar como una refinería a pequeña escala. Sin permisos y violando normas de seguridad, esta operación ponía en riesgo a los ecosistemas y a la población local.
En Nuevo León, labores de inteligencia rastrearon un predio en el municipio rural de Allende, a una hora de Monterrey, donde se almacenaban 1.2 millones de litros de hidrocarburo en pipas y contenedores, listos para alimentar el mercado negro.
Ambos operativos, coordinados por la SSPC, Sedena, Semar, FGR, Pemex, la Secretaría de Energía (Sener) en Coatzacoalcos, y la Fiscalía de Nuevo León y Fuerza Civil en Allende, culminaron con el aseguramiento de los sitios, ahora bajo resguardo policial. Sin embargo, la falta de detenciones en ambos casos –un silencio recurrente en los comunicados de García Harfuch– deja preguntas abiertas sobre si los responsables siguen en las sombras, mientras el gobierno se enfoca en incautar los bienes.
El huachicol: otra promesa incumplida de AMLO
Cuando AMLO asumió la presidencia en 2018, el huachicol era una herida abierta para Pemex, con pérdidas de hasta 60 mil millones de pesos al año. Su estrategia inicial, que incluyó el cierre de ductos y la militarización de instalaciones petroleras, generó caos en 2019, con desabasto de combustibles en varios estados. Aunque celebró una reducción del 75% en el robo de hidrocarburos, con 7.8 millones de litros asegurados y 925 millones de pesos en cuentas congeladas, los datos oficiales cuentan otra historia. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2023, Pemex reportó 62 mil 441 tomas clandestinas, un aumento del 117% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto. El robo de gas LP se disparó 24 veces, con 10 mil 662 perforaciones. En 2024, se registraron 10 mil 393 tomas, un 13.4% menos que en 2023, pero lejos de la “erradicación” prometida.
Peor aún, el “huachicol fiscal” –la importación ilegal de combustibles sin pagar impuestos– floreció bajo el sexenio de AMLO. Buques como el Challenge Pocyon, decomisado en Tampico en marzo de 2025 con 10 millones de litros de diésel, operaban en puertos como Altamira y Tampico con aparente complicidad de autoridades aduaneras. Este esquema, según investigaciones periodísticas, generó un fraude fiscal de más de 80 mil millones de pesos solo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). AMLO negó la existencia de este negocio, calificándolo como una “falsedad”, pero los decomisos recientes confirman lo que medios como Código Magenta denunciaron: el contrabando fue un negocio multimillonario tolerado, con nexos que alcanzan a figuras como Ricardo Peralta Saucedo, exdirector de Aduanas, y Sergio Carmona, el “Rey del Huachicol”, asesinado en 2021.
García Harfuch y Sheinbaum: una cruzada contra un delito mutante
Desde que Omar García Harfuch asumió la SSPC en octubre de 2024, la lucha contra el huachicol ha tomado un nuevo rumbo. Su estrategia, basada en inteligencia, rastreo de combustibles y operativos conjuntos, ha entregado resultados históricos en menos de un año:
Ensenada, Baja California (marzo 2025): Decomiso de 8 millones de litros en un predio ligado a un exsenador de Morena, con contenedores y motobombas asegurados.
Tampico, Tamaulipas (marzo 2025): Incautación de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Pocyon, un golpe al huachicol fiscal.
Tabasco (mayo 2025): Aseguramiento de 3.1 millones de litros en 3,904 contenedores, junto con 18 vehículos y maquinaria.
Coatzacoalcos, Veracruz, y Allende, Nuevo León (junio 2025): Los decomisos de 500 mil y 1.2 millones de litros, respectivamente, suman 1.7 millones de litros en un solo día, elevando el total bajo García Harfuch a más de 22 millones de litros.
Estos operativos contrastan con la inacción del sexenio pasado, cuando la política de “abrazos, no balazos” permitió que el huachicol se sofisticara. Sheinbaum ha respaldado a García Harfuch con una plataforma de rastreo de combustibles que detecta fugas en tiempo real y una mayor cooperación con Estados Unidos, impulsada por la presión del gobierno de Donald Trump, que ha impuesto aranceles y sanciones para frenar el contrabando.
Sin embargo, los retos son formidables. La falta de detenciones en Coatzacoalcos y Allende sugiere que las redes criminales siguen operando con impunidad. Figuras como José Luis Zavala Solís, cuya empresa Marinsa está bajo investigación por huachicol fiscal, y los nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) indican que el problema trasciende a las aduanas y alcanza a contratistas del gobierno anterior. Las tensiones entre García Harfuch y la Sedena, reportadas en mayo de 2025, podrían complicar la coordinación interinstitucional.
Un negocio que se niega a desaparecer
Los decomisos en Coatzacoalcos y Allende son victorias tácticas, pero también un recordatorio de que el huachicol sigue siendo una industria multimillonaria que explota la debilidad institucional de México. Mientras AMLO insistía en que el problema estaba resuelto, las redes delictivas evolucionaron, pasando de las tomas clandestinas a refinerías improvisadas y contrabando marítimo. Los 1.7 millones de litros asegurados en un solo día son una gota en el océano de un mercado negro que mueve hasta 100 mil millones de pesos al año.
La estrategia de García Harfuch, aunque efectiva en decomisos, debe probar que puede desmantelar las estructuras detrás del huachicol, desde los operadores locales hasta los políticos y empresarios que lo protegen. La ausencia de arrestos en estos operativos alimenta el escepticismo sobre si el gobierno de Sheinbaum logrará lo que AMLO no pudo: un golpe definitivo a este delito. En un México donde el “oro negro” sigue siendo la moneda del crimen organizado, Coatzacoalcos y Allende son un paso adelante, pero también una advertencia: sin atacar la corrupción y la impunidad, el huachicol seguirá sangrando al país.