Tabasco.- Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño y amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, no fue a un periodista a pedir réplica: fue a un tribunal de Villahermosa a pedir que Google, Facebook, YouTube, TikTok, X y 14 medios —entre ellos Aristegui Noticias, El Universal, Latinus y El Economista— fueran tratados como autoridades para frenar la difusión de su nombre y de sus negocios. El expediente al que accedió Proceso muestra que acusó a esas publicaciones de atentar contra su honor y su vida privada. El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Villahermosa declaró improcedente el recurso: las plataformas y la prensa no son autoridad para efectos de la Ley de Amparo.
No es un capricho jurídico. Es el reflejo de alguien que, cuando la cobertura se vuelve incómoda, busca el atajo del Poder Judicial en vez del derecho de réplica que, según los mismos magistrados, ni siquiera promovió por la vía correcta. El contexto no ayuda a su tesis de víctima: reportajes han documentado contratos de medicamentos en Quintana Roo por cientos de millones, suministro de balasto para el Tren Maya, departamentos de lujo en Puerto Cancún por más de 31 millones y una empresa ligada a su entorno, Portacelis, señalada por el SAT por omisión masiva de diésel. Nada de eso desaparece porque un abogado pida que internet se calle.
La crítica es simple y dura: si la cercanía con el poder alcanza para negocios, no alcanza para convertir a un particular en censor. El tribunal le recordó lo que el círculo político suele olvidar: la prensa no es una dependencia a la que se le ordena borrar. Quiso el olvido. Obtuvo un no. Y el nombre sigue ahí.