ONU enviará recomendaciones a México por crisis migratoria; acusa no recibir respuesta sobre violencia a refugiados; más de 140 mil solicitudes de asilo en 2024
Tan sólo en 2024 se reportaron más de 140,000 solicitudes de asilo, una cifra récord que refleja la magnitud de la situación.
CDMX.- México enfrenta un nuevo llamado de atención internacional de la ONU, esta vez por su manejo de la crisis migratoria. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció que enviará recomendaciones al gobierno mexicano para fortalecer la protección de migrantes y solicitantes de asilo, tras señalar un preocupante silencio oficial ante las denuncias de violencia que enfrentan estas poblaciones. La declaración de ACNUR, emitida en un contexto de creciente presión migratoria en la región, pone en evidencia las tensiones entre los esfuerzos del país por cumplir con sus obligaciones internacionales y las limitaciones estructurales que perpetúan abusos contra los más vulnerables, pues tan sólo en 2024 se reportaron más de 140,000 solicitudes de asilo, una cifra récord que refleja la magnitud de la situación.
El organismo internacional no ha recibido respuesta del gobierno mexicano a los señalamientos sobre agresiones, extorsiones y detenciones arbitrarias sufridas por refugiados y migrantes. Esta falta de diálogo contrasta con el rol que México ha buscado proyectar como un país comprometido con los derechos humanos. Desde 2018, el flujo migratorio hacia México ha crecido exponencialmente, impulsado por la inestabilidad en Centroamérica, el colapso económico en Venezuela y las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos. En 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó más de 140,000 solicitudes de asilo, una cifra récord que refleja la magnitud del desafío.
Por ejemplo, un informe de Human Rights Watch de 2023 documentó casos de extorsión y agresiones por parte de agentes migratorios en Chiapas, y en octubre de 2024, se reportó la muerte de seis migrantes en un operativo militar en la misma región, sin que se hayan esclarecido las responsabilidades.
A pesar de los avances, como la regularización de miles de migrantes y la creación de albergues, ACNUR apunta a problemas sistémicos que no han sido resueltos. Los centros de detención migratoria, como la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, operan frecuentemente en condiciones de hacinamiento, con reportes de acceso limitado a alimentos, agua potable y atención médica. Organizaciones civiles han documentado casos de abuso por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo deportaciones exprés que violan el principio de no devolución, consagrado en el derecho internacional. Además, la ruta migratoria mexicana sigue siendo un corredor de alto riesgo, donde el crimen organizado explota la vulnerabilidad de quienes huyen de la violencia o la pobreza.
El anuncio de ACNUR no es un hecho aislado. En los últimos años, México ha recibido críticas de organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por su enfoque securitizado de la migración, influenciado en parte por las presiones de Estados Unidos para frenar los flujos hacia su frontera. La Guardia Nacional, desplegada desde 2019 en tareas migratorias, ha sido señalada por excesos de fuerza, mientras que los acuerdos bilaterales, como el programa "Quédate en México", han dejado a miles de solicitantes de asilo en un limbo jurídico en ciudades fronterizas peligrosas. Aunque el gobierno actual ha defendido su política migratoria como humanitaria, la brecha entre el discurso y la realidad es innegable.
Las recomendaciones que ACNUR planea enviar buscan ser un punto de inflexión. Entre las prioridades están la creación de alternativas a la detención, la mejora de los procesos de asilo y la protección específica para grupos en situación de riesgo, como mujeres, menores no acompañados y personas LGBTI+. Sin embargo, el éxito de estas propuestas dependerá de la voluntad política del gobierno mexicano para asumirlas como propias y no como una imposición externa. La ausencia de una respuesta previa a las inquietudes de ACNUR sugiere una postura defensiva, que podría complicar el diálogo.
En un país que históricamente ha sido origen, tránsito y destino de migrantes, el desafío es doble: reconciliar las demandas internacionales con las necesidades internas, en un contexto de recursos limitados y presiones geopolíticas. México no puede seguir ignorando las voces que exigen un trato digno para quienes cruzan sus fronteras. Las recomendaciones de ACNUR representan una oportunidad para replantear la política migratoria, pero también un recordatorio de que el tiempo para actuar se agota. Si el gobierno no responde con hechos, el costo humano seguirá creciendo, y con él, el cuestionamiento a su compromiso con los derechos humanos.