Oposición advierte a Morena "narco-elección" en el Poder Judicial
Senadores de oposición advierten sobre los riesgos de la reforma ya se materializó.
CDMX.— La oposición acusa a la reforma judicial impulsada por Morena de haber abierto la puerta a una potencial “narcoelección”. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han señalado que, lejos de fortalecer la autonomía del Poder Judicial, el proceso ha expuesto vulnerabilidades que podrían permitir la infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia.
El senador panista Marko Cortés fue contundente al afirmar que la advertencia hecha por su partido sobre los riesgos de la reforma ya se materializó. Según Cortés, el proceso ha derivado en una pérdida de autonomía del Poder Judicial, que ahora estaría subordinado al Ejecutivo y, en última instancia, expuesto a la influencia del crimen organizado. “El régimen habla de 20 posibles candidatos involucrados, pero yo les aseguro que son muchos más”, sentenció, aunque sin presentar pruebas concretas que sustenten la magnitud de su afirmación.
“Nosotros lo pusimos como una amenaza y hoy claramente esto ya está ocurriendo. Hasta el momento el régimen habla de 20 posibles candidatos que pudieran estar involucrados. Yo les aseguro que son mucho más, y esto es prueba de que el Poder Judicial ha perdido autonomía sometiendolo al Poder Ejecutivo y entregándolo al crimen organizado”.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó el proceso de selección de candidatos como “un absoluto desastre”. Criticó la falta de filtros efectivos en las etapas iniciales, a cargo de comités de evaluación designados por los poderes de la Unión, que permitieron la inclusión de perfiles cuestionables. Entre ellos, según el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al menos 20 candidatos habrían defendido a narcotraficantes, una revelación que ha desatado un nuevo debate sobre la transparencia y eficacia del sistema.
“Es la confirmación de que todo el proceso de elección del Poder Judicial es un absoluto desastre”.
El PAN, a través de Ricardo Anaya, señaló casos específicos que han generado indignación, como la candidatura de un abogado ligado a Miguel Treviño Morales, líder del cártel de Los Zetas, y otro aspirante destituido por abuso sexual. También se mencionó a Job Daniel Wong Ibarra, ministro de la iglesia La Luz del Mundo, cuya inclusión ha levantado cuestionamientos éticos. Estos ejemplos, aunque puntuales, han sido utilizados por la oposición para argumentar que el proceso carece de rigor y pone en riesgo la integridad del Poder Judicial.
“Por supuesto que en cierta medida estamos ante una narco elección, porque el hecho de que tengamos como candidatos a personas que están directamente vinculadas con el crimen organizado y con narcotraficantes, por supuesto que nos pone en esa condición”.
El senador priista Rolando Zapata añadió un elemento de contexto al recordar que el crimen organizado ya ejerce control en diversos territorios del país, un fenómeno reconocido incluso por el gobierno de Estados Unidos en debates sobre políticas arancelarias. Para Zapata, la participación de grupos criminales en elecciones locales y federales no es nueva, pero su interés en influir en la elección de jueces es particularmente alarmante, dado el poder que estos tienen para decidir casos relacionados con el narcotráfico.
“Sin duda, nosotros lo hemos señalado, definitivamente hay territorios en el país controlados por el crimen organizado, lo ha dicho la Casa Blanca que ha dado como argumento en la política de aranceles y tratándose de una elección, hay visos de que el crimen organizado participa, apoya, en elecciones tanto ayuntamientos, diputaciones, senadores, pero tratándose de la elección de juzgadores, es de sentido común entender que el crimen organizado tiene un interés directo”.
Sin embargo, las críticas de la oposición no están exentas de cuestionamientos. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que el instituto no tuvo responsabilidad en la evaluación de los candidatos, la cual recayó en los comités de los poderes de la Unión. Esto plantea dudas sobre la coordinación y los criterios utilizados en la selección inicial, así como sobre la tardía reacción del oficialismo para impugnar candidaturas. ¿Por qué no se detectaron estos perfiles desde el inicio? ¿Quiénes son los responsables de estas omisiones?
El proceso, que culminará con las elecciones judiciales del 1 de junio, se encuentra ahora en una encrucijada. La intención de Fernández Noroña de solicitar al Tribunal Electoral la exclusión de candidaturas ligadas al narcotráfico llega en un momento en que los aspirantes ya cuentan con derechos adquiridos, lo que complica cualquier intento de corrección sin generar nuevos conflictos legales.
La reforma judicial, presentada como un esfuerzo para democratizar el acceso a la justicia, enfrenta ahora un escrutinio severo. Los datos disponibles, aunque limitados, sugieren que el proceso ha sido vulnerable a fallos estructurales y a la posible injerencia de intereses externos. Sin una revisión profunda y medidas inmediatas para garantizar la integridad de los candidatos, México corre el riesgo de que su sistema de justicia, lejos de fortalecerse, quede aún más expuesto a las dinámicas de poder que pretende combatir.