Pactos en la sombra: AMLO Intentó negociar con la Corte los fideicomisos judiciales
Luisa María Alcalde negoció con la SCJN usar fondos para la crisis del huracán Otis, informa Morena
CDMX.- En medio del eterno pulso entre el Ejecutivo y el Judicial en México, surge una revelación que sacude el tablero: en 2023, Andrés Manuel López Obrador, a través de su entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ofreció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificar el decreto que extinguía sus fideicomisos para redirigir fondos a la emergencia por el huracán Otis. Esta información, divulgada por Esteban Martínez, secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y colaborador cercano de Alcalde, expone un intento de diálogo que choca con el discurso público de AMLO contra los "arreglos oscuros".
Recordemos el contexto: aquel octubre de 2023 fue caótico. El Congreso, dominado por Morena, aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) por unos 15 mil millones de pesos, argumentando que eran privilegios innecesarios y que el dinero iría a programas sociales. Días después, Otis devastó Acapulco con vientos de hasta 270 km/h, dejando miles de damnificados y un costo estimado en 15 mil millones de dólares, según datos de la ONU. En ese escenario de crisis, AMLO vio una oportunidad para flexibilizar su postura, enviando a Alcalde a negociar con la presidenta de la SCJN, Norma Piña, no solo sobre los fideicomisos, sino también sobre reducciones salariales.
Pero aquí viene el análisis crítico: ¿pragmatismo o hipocresía? AMLO, quien en abril de ese año ordenó ignorar llamadas de Piña para evitar "negociaciones indignas" sobre la Guardia Nacional, ahora proponía un pacto similar. Esto subraya las inconsistencias en su enfoque hacia la independencia judicial, especialmente cuando, meses después, impulsó una reforma que permite la elección popular de magistrados, criticada por organismos como la CIDH por riesgo de politización. Alcalde, hoy al frente de Morena, admitió su frustración ante la negativa de la Corte.
Esta filtración, en plena implementación de la reforma judicial de 2024, no solo resalta vulnerabilidades en la separación de poderes, sino que invita a reflexionar si tales acercamientos erosionan la confianza en instituciones ya debilitadas por el crimen organizado, como apuntó la consejera jurídica Ernestina Godoy en el mismo foro. Al final, revela que en política, las líneas rojas se borran ante la urgencia.