CDMX.- El miércoles 7 de octubre, a las 11:00, el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole y De Corazón van a la Fiscalía General de la República, en la Glorieta de Insurgentes, a querellarse contra Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. El eje es el desabasto de oncológicos. Ellos afirman que más de 5 mil menores murieron por falta de quimio. Esa cifra es su argumento, no un conteo oficial: en julio de 2025 el mismo movimiento hablaba de más de 4 mil. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer ya advirtió que no hay registros confiables para atribuir cada muerte infantil por cáncer solo al desabasto; en el país se diagnostican unos 5 mil casos nuevos al año y la sobrevida ronda el 50%.
Lo que sí está documentado es otra cosa. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad registró que Romedic, empresa de Olán y de su padre, recibió más de 490 millones de pesos en contratos de medicamentos de Tabasco y Quintana Roo entre 2020 y 2022, pagados con recursos del extinto Insabi. MCCI precisó que no acreditó que esos contratos los hubiera recomendado alguno de los hijos de López Obrador. Poyago, ligada al contador de Olán, apareció después con pedidos del IMSS y sobrecostos que la misma investigación comparó con compras consolidadas. Cofepris, en 2024, ordenó inmovilizar un lote de metotrexato de otra firma relacionada en reportajes con ese círculo.
La denuncia pone nombre y apellido a una tragedia que el gobierno minimizó durante años. También estira el tipo penal: genocidio exige intención de destruir a un grupo, y aquí la fiscalía tendrá que demostrar nexo causal entre esos contratos y cada muerte, no solo cercanía política y negocios opacos. Sheinbaum ya dijo que la FGR no investiga a Andy López Beltrán. Si el miércoles el expediente se archiva sin peritajes de compras, lotes y hospitales, el mensaje será el de siempre: los padres pueden gritar, los contratistas siguen facturando.
