CDMX.- La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, aseguró que cuando habla de narcopolíticos “habla de todos”, incluidos integrantes de su propio partido, y que ha escuchado confesiones directas de personas que le admitieron mantener relaciones con el crimen organizado. Según reportó Azucena Uresti, sostiene que su postura busca defender a la población sinaloense y que no está ahí para proteger a nadie. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado nombres, pruebas, denuncias ante la Fiscalía o elementos que permitan verificar esas confesiones. Los señalamientos quedan en el terreno de las declaraciones genéricas.
El discurso no es nuevo. Sánchez ha centrado su actividad reciente en acusar a Morena de sostener un “narcogobierno” en Sinaloa y en confrontar públicamente al senador Enrique Inzunza, a quien ha llamado “narcosenador” y a quien autoridades estadounidenses han señalado por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Ha llevado carpetas de víctimas al pleno del Senado y ha impulsado firmas para que pierda el fuero. Ese activismo contrasta con la falta de acción concreta cuando el dedo apunta hacia el PRI, partido del que proviene y en el que ha ocupado cargos de comunicación y dirigencia cercanos a la dirigencia de Alejandro Moreno.
La infiltración de intereses criminales en la política sinaloense no es un invento reciente ni patrimonio de un solo partido. Afirmar que se conocen confesiones sin convertirlas en denuncias formales, sin identificar a los involucrados y sin asumir el costo político interno convierte la denuncia en retórica conveniente. Mientras no pase de las declaraciones, la senadora refuerza la percepción de que, en este tema, todos señalan y casi nadie nombra ni denuncia de verdad.