Pemex en la cuerda floja: Austeridad extrema ahoga a trabajadores y pone en riesgo la operación
La empresa, alguna vez símbolo de la soberanía energética mexicana, arrastra una deuda de más de 106 mil millones de dólares
CDMX.- En un giro que refleja la precaria situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal ha implementado medidas de austeridad tan drásticas que han llevado a los trabajadores a racionar recursos básicos como electricidad, agua y papelería. Según un memorándum interno emitido por la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, se instruyó a los empleados a reducir el uso de estos insumos al mínimo, una decisión que no solo afecta las condiciones laborales, sino que pone en tela de juicio la viabilidad operativa de la petrolera en un contexto de creciente endeudamiento y presiones externas. Este artículo analiza las implicaciones de estas medidas, el trasfondo económico y político, y las posibles consecuencias para el futuro de Pemex y sus trabajadores.
Un memorándum que destapa la crisis
Pemex ordenó a sus trabajadores adoptar medidas de austeridad extrema, incluyendo el racionamiento de luz, agua y materiales de oficina, como parte de un esfuerzo por reducir costos operativos. El memorándum, filtrado a los medios, detalla instrucciones precisas: apagar luces y equipos eléctricos cuando no estén en uso, limitar el consumo de agua en instalaciones y restringir el uso de papelería a lo estrictamente necesario. Estas disposiciones, aunque presentadas como un ejercicio de responsabilidad fiscal, han generado malestar entre los empleados, quienes las perciben como una muestra más de la precariedad que atraviesa la empresa.
La reacción no se hizo esperar. En redes sociales y foros internos, trabajadores expresaron su frustración, argumentando que estas medidas no solo dificultan las labores diarias, sino que reflejan una gestión que prioriza recortes superficiales sobre soluciones estructurales. Este sentimiento resuena con las críticas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que en el pasado ha advertido que la austeridad, mal aplicada, compromete la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.
Contexto: Una empresa al borde del colapso financiero
Para entender la magnitud de estas medidas, es crucial analizar el contexto financiero de Pemex. La empresa, alguna vez símbolo de la soberanía energética mexicana, arrastra una deuda de más de 106 mil millones de dólares, una de las más altas entre las petroleras a nivel global. En 2024, Fitch Ratings estimó que la deuda bruta del gobierno federal, que incluye los pasivos de Pemex, alcanzó el 50.9% del PIB, con proyecciones de llegar al 54.3% en 2025. Este incremento se debe, en gran parte, a la transferencia gradual de las obligaciones de Pemex a las finanzas públicas, un proceso que Fitch describe como una “migración de pasivos” que agrava la vulnerabilidad fiscal del país.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumió el poder en octubre de 2024, ha apostado por reforzar el papel de Pemex como empresa estatal, revirtiendo la reforma energética de 2013 y priorizando la autosuficiencia energética. Sin embargo, esta estrategia ha enfrentado obstáculos significativos. En el tercer trimestre de 2024, Pemex reportó pérdidas netas de 161,500 millones de pesos (unos 7,488 millones de euros), más del doble de las registradas en el mismo período de 2023, debido a la caída en las ventas, el deterioro de activos y pérdidas cambiarias. Además, la empresa enfrenta críticas internacionales, como las del gobierno de Estados Unidos, que en abril de 2025 señaló las políticas proteccionistas de México como barreras comerciales, afectando la confianza de los inversionistas.
A esto se suma la crisis con los proveedores. En enero de 2025, empresarios de Campeche y Tabasco denunciaron que Pemex solo cubrió entre el 3% y el 5% de su deuda con ellos, lo que apenas alcanzó para pagar impuestos y salarios. Esta situación ha generado protestas y advertencias de que la falta de liquidez podría paralizar la cadena productiva.
Austeridad: ¿Solución o parche?
La austeridad no es una novedad en Pemex. Desde 2018, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se implementaron recortes significativos, que incluyeron la cancelación de plazas eventuales y la reducción de prestaciones para trabajadores sindicalizados. En noviembre de 2024, Sheinbaum anunció un nuevo plan de austeridad, prometiendo reducir costos sin afectar los derechos laborales. Sin embargo, las medidas actuales parecen contradecir esa promesa, al imponer restricciones que impactan directamente las condiciones de trabajo.
Críticos como el economista Mario Correa han señalado que la austeridad, aunque necesaria, no aborda los problemas estructurales de Pemex, como la falta de inversión en mantenimiento, la obsolescencia de sus refinerías y la dependencia de importaciones de combustibles, que aún representan el 2% del consumo nacional. Además, la decisión de eximir a Pemex del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y simplificar su esquema fiscal, aprobada en febrero de 2025, ha sido cuestionada por la oposición, que argumenta que no rescatará a la empresa ni generará ahorros significativos.
Por su parte, Fitch Ratings expresó escepticismo sobre la viabilidad de la austeridad en un contexto de tasas de interés altas y rigidez presupuestal. La agencia anticipa que Pemex podría requerir más apoyos financieros de los 7 mil millones de dólares anuales presupuestados, lo que presionaría aún más las finanzas públicas.
Impacto en los trabajadores y la operación
Las medidas de austeridad extrema no solo afectan la moral de los trabajadores, sino que plantean riesgos operativos. En 2024, el STPRM ya había advertido que la falta de inversión en seguridad y mantenimiento, consecuencia de recortes previos, incrementó los accidentes en los complejos petroquímicos. La instrucción de racionar recursos básicos como agua y electricidad podría agravar estas condiciones, especialmente en instalaciones donde el suministro continuo es esencial para la seguridad.
Además, la cancelación de personal eventual, una práctica recurrente desde 2019, ha generado tensiones con el sindicato y protestas en refinerías como la Miguel Hidalgo. Los trabajadores argumentan que estas plazas son cruciales para cubrir ausencias y mantener la operación. La combinación de recursos limitados y personal reducido podría comprometer la capacidad de Pemex para cumplir con su meta de producir 1.8 millones de barriles diarios, un objetivo clave del Plan de Trabajo 2025-2030 presentado por Sheinbaum en febrero de 2025.
Una encrucijada para el futuro de Pemex
El caso de la austeridad extrema en Pemex refleja una encrucijada: por un lado, la necesidad urgente de sanear las finanzas de una empresa que es pilar de la economía mexicana; por otro, el riesgo de que medidas mal calibradas comprometan su operatividad y alienen a su fuerza laboral. La estrategia de Sheinbaum, centrada en la soberanía energética y la preponderancia de las paraestatales, enfrenta un entorno adverso: presiones internacionales, un mercado energético en transición hacia fuentes renovables y una deuda que parece insostenible sin una reforma fiscal profunda.
Para que Pemex sobreviva, no basta con racionar papelería o apagar luces. Es imperativo que el gobierno invierta en modernización, priorice la seguridad y fomente la transparencia en la gestión de recursos. De lo contrario, la petrolera podría convertirse en un lastre aún mayor para las finanzas públicas, con consecuencias que trasciendan el ámbito económico y afecten la estabilidad social y política del país.
En última instancia, la austeridad extrema es un síntoma de problemas más profundos. Mientras los trabajadores lidian con restricciones indignas, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo podrá Pemex soportar esta cuerda floja? La respuesta dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar sus ambiciones nacionalistas con la realidad financiera, una tarea que, por ahora, parece más lejana que nunca.