Paraguay.- El presidente Santiago Peña presentó este jueves su renuncia tras la intervención del Banco Central al Ueno Bank, entidad digital que concentraba cerca de 2,9 millones de clientes —casi la mitad de la población del país— y unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social. El regulador detectó que la solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, lo que dejó a millones sin acceso a sus cuentas y provocó protestas en Asunción. Peña, quien había sido accionista del grupo controlador hasta 2025, anunció la decisión en un video en X mientras el Congreso avanzaba hacia un juicio político impulsado tanto por la oposición como por sectores de su propio Partido Colorado, que le retiró el apoyo.
La salida de Peña no es un acto de grandeza institucional, sino el reconocimiento de que el escándalo se le había vuelto inmanejable. Durante su gestión, Ueno recibió colocaciones masivas de organismos públicos en un proceso que la Contraloría y medios locales documentaron como una concentración acelerada y riesgosa de recursos previsionales. El presidente pidió disculpas genéricas y habló de “estabilidad” y “paz social”, pero eludió asumir responsabilidad directa por el conflicto de intereses que la oposición le imputa y que su propio partido terminó reconociendo al soltarlo. El vicepresidente Pedro Alliana, también colorado y cercano a Horacio Cartes, está llamado a asumir según la Constitución, aunque la Cámara de Diputados siguió avanzando en el trámite de juicio político.
Para México y el resto de la región, el episodio es un recordatorio crudo de lo que ocurre cuando el poder político y los flujos de dinero público se entremezclan sin controles efectivos. Un banco con vínculos previos con el mandatario terminó manejando cientos de millones de dólares de jubilados y del Estado hasta que la insolvencia lo tumbó; la renuncia llega tarde, bajo presión y sin garantizar todavía la recuperación plena de los depósitos. El caso no se resuelve con un mensaje grabado: exige rendición de cuentas real y regulación que no dependa de la buena voluntad de quien ocupa el cargo.