CDMX.- El diputado panista Federico Döring lo dijo sin rodeos: en el México de la 4T, las únicas pensiones verdaderamente protegidas e inembargables son las de los “narcos del bienestar”. El caso más reciente es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Un tribunal administrativo levantó parcialmente el bloqueo de la UIF y le permitió volver a cobrar una pensión dorada de alrededor de 1.5 millones de pesos anuales (sumando IMSS, ISSSTE y Universidad Autónoma de Sinaloa), a pesar de que Estados Unidos lo ha señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Algo similar ocurre con la diputada morenista Hilda Araceli Brown, sancionada por la OFAC por nexos con la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa: un juez le autorizó disponer del 30 % de sus ingresos a pesar del bloqueo de cuentas.
Mientras tanto, a los mexicanos de a pie que cotizaron décadas bajo la Modalidad 40 o que trabajaron más de 25 años en el sector público les aplican restricciones, recortes y cambios retroactivos que les recortan el patrimonio que construyeron con su trabajo. Döring señaló la contradicción: el gobierno impulsa reformas para acabar con las “pensiones doradas”, pero esas reformas no tocan a los integrantes del régimen; para ellos sí existe Estado de derecho y protección judicial. Para el resto, no.
El contraste es brutal y no es retórica de oposición: es el mismo patrón que se repite una y otra vez. Personas señaladas por autoridades estadounidenses por vínculos con el crimen organizado recuperan acceso a ingresos millonarios mediante fallos judiciales, mientras a los trabajadores honestos se les ajusta la pensión a la baja con el argumento de la austeridad. No es que no exista Estado de derecho; es que se aplica de forma selectiva. Y eso, más que cualquier discurso, explica por qué cada vez más mexicanos ven al gobierno de Sheinbaum no como un Estado de bienestar, sino como un Estado que protege a los suyos y castiga al resto.



