Tabasco.- Apenas 72 horas después de asumir como presidenta municipal interina de Paraíso, Tabasco —en sustitución de Alfonso Baca Sevilla, prófugo con orden de aprehensión de la FGR por al menos seis delitos de alto impacto, entre ellos huachicol—, María Elisa Hernández Flores recibió tres disparos contra la fachada de su vivienda en el ejido Oriente San Cayetano. Dos hombres en motocicleta abrieron fuego de madrugada el martes 25 de agosto; la policía halló los casquillos y nadie resultó herido. Ella misma había denunciado amenazas e intimidación previas por haber aceptado el cargo.
El secretario de Gobierno del estado, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, no esperó a que la Fiscalía terminara de investigar: “No hay atentado… se escucharon algunos disparos, ya eso llamarlo como atentado, ¡no!, ya es pasar a otro paso”. Mientras confirma los tiros y anuncia que se investiga, descarta de un plumazo la hipótesis más obvia. En un municipio que acaba de ver a su alcalde titular huir de la justicia federal, la reacción oficial suena menos a prudencia y más a un intento de bajarle el perfil a un mensaje de fuerza que nadie puede ignorar.
Cuando un alto funcionario emparentado con el poder minimiza balazos dirigidos a una autoridad local antes de que existan peritajes o detenidos, no está informando: está protegiendo la narrativa de que “aquí no pasa nada”. En Tabasco, donde la violencia y el crimen organizado no son anécdotas, ese tipo de declaraciones no tranquilizan; solo confirman que el miedo de los ciudadanos pesa menos que la necesidad política de no reconocer un problema.