CDMX.- Pío López Obrador promovió un amparo contra la FGR por “dilación”: exige que la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 deje de estar en el limbo y que el Ministerio Público diga, de una vez, si ejerce o no acción penal por los videos en los que recibe dinero en efectivo de David León “para el movimiento”. El recurso llegó ante la jueza Gabriela Sandoval Saavedra; el acuerdo del 17 de septiembre solo confirma que le notificaron, sin aclarar si admitieron la demanda. Los videos circulan desde agosto de 2020. En octubre de 2022, con Alejandro Gertz al frente, la misma Fiscalía ya había determinado no ejercer acción penal en un expediente anterior. Ahora el hermano del expresidente vuelve a reclamar celeridad.
El contraste es brutal. Quien durante años se benefició de una investigación que no avanzaba ahora se presenta como víctima de la tardanza. Un juez federal ya le había dado la razón en 2022 y ordenó a la FGR definir o cerrar; el caso electoral ligado a esos mismos hechos quedó zanjado en el TEPJF en marzo de 2026. Lo que queda es una carpeta de 2023 que sigue abierta, sin determinación pública, mientras el país ve el mismo patrón: videos, denuncias, amparos y una Fiscalía que ni acusa ni absuelve con claridad cuando el apellido es López Obrador.
No es un tecnicismo. Es la foto de una justicia que corre cuando le conviene y se detiene cuando el expediente toca al círculo íntimo del poder que gobernó seis años y sigue mandando en la institucionalidad. Pío no pide que lo investiguen a fondo; pide que le quiten de encima la incertidumbre. La FGR, bajo Ernestina Godoy, tiene la palabra. El silencio, a estas alturas, ya no es omisión: es mensaje.