Sonora.- Alí Camacho Villegas, dirigente del Partido Sonorense, denunció el 28 de septiembre ante la Fiscalía General de Justicia del estado que el 26 recibió un ultimátum atribuido a Cristóbal Navarro Amaya: renunciar a la presidencia del instituto o atentarían contra él y su familia. Según su versión, la frase fue “o le damos plata o le damos plomo”, y responsabilizó a Manuel Ignacio “Maloro” Acosta —dirigente estatal del Partido Verde desde julio— de respaldar lo que describe como intentos de tomarse el partido por la vía ilegal. Camacho dice tener testigos, pidió que el caso entre a la Mesa Estatal de Seguridad y que el gobernador Alfonso Durazo le dé protección. Hasta ahora no hay respuesta pública verificada de Acosta ni de Navarro.
El contexto no es un choque improvisado. El Partido Sonorense nació como fuerza local rumbo a 2024 y ya arrastraba peleas internas por el control de candidaturas y estructuras. El Verde, aliado de Morena de cara a 2027, designó a Acosta —exalcalde priista de Hermosillo— precisamente para sumar cuadros y perfiles de otros partidos. Esa es la política que se vende como “apertura” y que, en la práctica, se parece más a una cacería de sellos electorales. Lo grave no es solo la acusación: es que en Sonora ya se habla de “plata o plomo” como si fuera una negociación de mesa, no un delito.
Una amenaza de muerte no se resuelve con un video ni con un tuit de denuncia. O la Fiscalía investiga, cita a los señalados y exhibe pruebas, o esto queda en lo de siempre: un dirigente se declara víctima, el otro calla, el partido chico se encoge y el grande sigue armando su lista para 2027. Si la frase existió, es crimen. Si no existió, es calumnia. En ambos casos, el Estado no puede seguir tratando la intimidación política como ruido de campaña.