Morelos.- El lunes 12 de octubre, un centenar de elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca se plantaron en sus propias instalaciones y se fueron a paro. Una de ellas lo dijo sin rodeos frente a funcionarios: “Ganamos 5 mil 100 y los compañeros nuevos 7,500”. El dato, confirmado por reportes de medios locales, corresponde a percepciones quincenales netas de agentes con años de servicio que patrullan sin arma de cargo. Mientras tanto, el Ayuntamiento del panista José Luis Urióstegui Salgado anuncia que a partir del 1 de octubre aplicará el “salario digno” de 17,701 pesos mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero solo de forma gradual, primero para los certificados, y presentará el tabulador a Cabildo hasta el miércoles 14. Promesas similares se han dilatado por semanas.
La protesta no es un capricho. La fuerza policial de Cuernavaca cayó alrededor del 43 % en una década (de cerca de 794 elementos en 2015 a unos 361 en 2025, según solicitudes de transparencia analizadas por organizaciones locales), y reportes hablan de operativos con apenas 80 policías por turno en una capital que enfrenta alta incidencia delictiva. Morelos, gobernado por Morena, se mantiene entre los estados más violentos del país. El paro obligó a que la Policía Vial y elementos estatales cubrieran las calles, mientras en redes se contrastaba con becas o apoyos a “ninis” cercanos a los 9,500-10,000 pesos mensuales. El Ayuntamiento reconoce la demanda y abre diálogo, pero la realidad de quienes arriesgan la vida es la de sueldos miserables, falta de equipo y promesas que no llegan a la nómina.
Esto no es un “reflejo” abstracto del colapso de la seguridad: es la evidencia directa de una gestión municipal que presume aumentos mientras retiene pagos y de un entorno estatal donde la violencia sigue sin control efectivo. Pedir “salario digno” a quienes patrullan desarmados y con ingresos de subsistencia no es radical; es lo mínimo. Mientras las autoridades locales y estatales priorizan anuncios y gradualismos, la capital de Morelos opera con una policía precarizada que no puede sostener ni la presencia básica. El resultado está a la vista: menos elementos, peores condiciones y ciudadanos expuestos.