¿Por qué el Congreso deja a menores en manos del crimen organizado?: 50 iniciativas congeladas en el Legislativo
Pese a recomendaciones de la ONU, ninguna propuesta ha avanzado
CDMX.- En un país donde el crimen organizado sigue tejiendo su red de influencia, al menos 30,000 niños y adolescentes son reclutados anualmente por grupos delictivos, según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Desde 2011, unas 50 iniciativas legislativas para tipificar este delito y establecer penas de 20 a 140 años de prisión yacen congeladas en el Congreso, a pesar de las exhortaciones de la ONU y expertos que urgen una reforma al Código Penal.
El dato no es menor: entre 145,000 y 250,000 menores están en riesgo de ser captados, aprovechando la pobreza, la falta de oportunidades y la normalización de la violencia, un escenario que México comparte con países como Colombia o El Salvador. Sin embargo, el estancamiento legislativo plantea preguntas incómodas. ¿Es simple ineficiencia o hay intereses ocultos? Las acusaciones de complicidad entre políticos y cárteles, como las que circulan en redes, no son nuevas, y el bloqueo de estas propuestas alimenta la sospecha de que algunos legisladores podrían estar protegiendo a sus “patrocinadores”.
La indiferencia del Congreso contrasta con la urgencia del problema. Mientras organizaciones civiles advierten sobre el uso de menores como “mano de obra desechable” por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que recurre incluso a redes sociales para enganchar a sus víctimas, el Legislativo parece más ocupado en danzas políticas que en salvar vidas. La pregunta es clara: ¿hasta cuándo se priorizará la ambición sobre la infancia? Sin acción, el silencio del Congreso seguirá siendo un cómplice silencioso de esta tragedia.