Claudia Sheinbaum lleva dos años en la presidencia y aún no ha nombrado al narco con la gravedad que el resto del mundo ya le reconoce. No ha dicho “cárteles” con la frecuencia que exige la realidad, y mucho menos los ha llamado terroristas. Ese silencio no es un detalle de estilo. Es una decisión política deliberada, y es significativa precisamente porque ocurre mientras afuera, de Washington a París, los cárteles mexicanos se designan abiertamente como organizaciones terroristas.
Marine Le Pen lo hizo sin ambages en Orléans: Francia no caerá en la “mexicanización” con los cárteles y esas organizaciones serán erradicadas tratándolas como terroristas. No es un caso aislado. En Estados Unidos varios cárteles han sido designados formalmente como organizaciones terroristas extranjeras. En Europa el término “mexicanización” circula ya como sinónimo de control territorial, violencia extrema y erosión del Estado. Colombia, que vivió en carne propia el costo de no nombrar a tiempo, entiende la analogía de inmediato. Sheinbaum es, en ese mapa, la excepción.
La palabra “mexicanización” ha cambiado de significado porque la realidad cambió debajo de ella. La Real Academia Española aún la define como el traspaso de bienes extranjeros al Estado mexicano, un término de soberanía económica del siglo XX. Hoy, en el debate internacional, se usa de forma peyorativa para advertir el riesgo de reproducir el modelo de poder de los cárteles mexicanos. Le Pen no hablaba de nacionalizaciones. Hablaba de México como el ejemplo a evitar. Y lo hacía porque el mundo ya asocia el nombre del país a esa realidad.
¿Por qué Sheinbaum se niega a nombrarlo? Porque hacerlo obliga a reconocer que el Estado no tiene el monopolio efectivo de la fuerza en amplias regiones. Obliga a admitir que hay estructuras con financiamiento transnacional, capacidad de imponer reglas y violencia selectiva. Obliga a abandonar la narrativa de que el problema es solo la demanda de drogas o la herencia de gobiernos anteriores. Obliga, en suma, a una estrategia distinta a la que heredó.
En los años ochenta, los presidentes de Colombia declararon públicamente, una y otra vez, su lucha contra los narcos. Los llamaron terroristas de una forma u otra, aceptaron el costo político de nombrar al enemigo y pagaron el precio en sangre y en aislamiento. No resolvieron el problema de un día para otro, pero no lo escondieron. Sheinbaum lleva dos años sin ese gesto mínimo. Hereda la doctrina de “abrazos no balazos”, aunque la haya suavizado en el discurso, y esa línea impide la precisión. Si son solo “grupos delictivos”, basta con programas y detenciones selectivas. Si son organizaciones terroristas, el Estado debe admitir que enfrenta una amenaza de poder.
El silencio no es prudencia. Es negación. Mientras el mundo usa a México como advertencia y redefine “mexicanización” a partir de lo que ve, la presidenta que gobierna el país se niega a usar las mismas palabras. Ese rechazo no es técnico. Es político. Y mientras dure, cada vez que un líder extranjero nombre a los cárteles como terroristas y a México como el escenario a evitar, el daño no será solo reputacional. Será la confirmación de que, en casa, quien tiene la responsabilidad de nombrar las cosas sigue eligiendo no hacerlo.
Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni integrantes de su gabinete (incluyendo Omar García Harfuch) han designado o llamado públicamente a los cárteles “organizaciones terroristas”. Al contrario, han rechazado la etiqueta cuando la usan otros países, argumentando que no puede servir de pretexto para injerencia y que la lucha se da en el marco de la cooperación y la soberanía. Sheinbaum ha insistido en que “ellos pueden nombrarles como quieran, pero no les da derecho a intervenir”.
Aunque mexicanos sigan muriendo a manos de los narcos con costo directo para sus familias y con efectos directos también a la imagen de un país cada día menos atractivo para el turismo global.
