Primer narco-gobernador de Morena acusado por EU: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; ligado a los Chapitos junto con otros 9 funcionarios
El caso forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos contra la corrupción que permite el flujo de fentanilo y otras drogas desde México.
Nueva York.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —entre funcionarios actuales y exfuncionarios— por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y cometer delitos relacionados con armas.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Katherine Polk Failla. Junto a Rocha Moya, fueron señalados:
Enrique Inzunza Cazarez
Enrique Díaz Vega
Dámaso Castro Zaavedra
Marco Antonio Almanza Aviles
Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias “Cholo”
Gerardo Mérida Sánchez
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
Juan de Dios Gámez Mendívil
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”
Según el documento, los diez acusados “se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
“Nadie está por encima de la ley”: DEA
El administrador de la DEA, Terrance Cole, destacó que el Cártel de Sinaloa es una organización designada como terrorista que utiliza la corrupción para perpetuar la violencia.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica con drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios”, afirmó Cole. “Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”.
Cole subrayó que “nadie está por encima de la ley” y agradeció la colaboración de autoridades estadounidenses y mexicanas.
Por su parte, el fiscal Jay Clayton señaló que los cárteles no podrían operar con éxito sin el apoyo de funcionarios corruptos:
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”.
Acusaciones específicas: protección, sobornos y violencia
De acuerdo con la acusación, los señalados participaron en una “conspiración corrupta y violenta” que incluyó:
Proteger a líderes del cártel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos.
Filtrar información sensible de fuerzas del orden y del Ejército mexicano a miembros del cártel.
Ordenar a policías estatales, ministeriales y municipales de Sinaloa proteger cargamentos de droga.
Permitir actos de violencia brutal del cártel sin consecuencias.
A cambio, los acusados recibieron millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Vínculo con “Los Chapitos”
La fiscalía afirma que todos los acusados están estrechamente ligados a la facción de “Los Chapitos”. En el caso de Rubén Rocha Moya, se le acusa de haber llegado a la gubernatura con el apoyo del grupo, que presuntamente secuestró e intimidó a sus rivales electorales.
Según la acusación, Rocha Moya prometió proteger a “Los Chapitos” a cambio de su apoyo, permitiéndoles operar con impunidad en Sinaloa.
Entre los ejemplos más graves:
Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía General de Sinaloa, recibió aproximadamente 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de protección e información sobre operativos.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, cobraba más de 1,600 dólares mensuales y presuntamente facilitó secuestros, detenciones y asesinatos para el cártel. En octubre de 2023, se le acusa de ayudar a “Los Chapitos” a secuestrar, torturar y asesinar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta.
El caso forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos contra la corrupción que permite el flujo de fentanilo y otras drogas desde México.