CDMX.- Octavio Romero Oropeza no publicó su declaración patrimonial por convicción. La soltó cuando ya no le quedó de otra. El Universal documentó que, desde que llegó al Infonavit, el Comité de Transparencia del instituto clasificó como confidencial ingresos, propiedades, cuentas, vehículos y hasta el sueldo. La resolución lo dice sin rodeos: el declarante no aceptó publicar.
Eso ocurrió en el organismo que administra el ahorro para vivienda de millones de trabajadores. En Pemex, su declaración sí era pública. En el Infonavit, no. El director anterior, Carlos Martínez Velázquez, sí transparentó la suya. Romero eligió el candado.
Claudia Sheinbaum tuvo que pedirlo en la mañanera del 11 de septiembre: que publique y que cambie la norma interna. “Octavio no debe ser la excepción”. Solo entonces apareció el documento.
Lo que había detrás no es un patrimonio menor. La declaración suma 47 millones 534 mil pesos: unos 37 millones en inmuebles, 7.4 millones en cinco cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2025 y más de 3 millones en bienes muebles. Hay predios rústicos que, en conjunto, superan las 70 hectáreas, una casa en Tlalpan y dos departamentos de 74 metros comprados el mismo día, el 14 de marzo de 2018: uno de contado por 3.37 millones y otro a crédito por 3.39. Meses después, López Obrador lo mandó a Pemex.
En 2025 reportó sueldo bruto de 2 millones 261 mil 994 pesos, más 1.88 millones en “otros ingresos” y 212 mil por rentas e intereses: más de 4.3 millones en un año. Romero insiste en que gana menos que la presidenta, que los terrenos de Cunduacán están valuados en “viejos pesos” y que todo sale de 44 años de trabajo privado y público. Puede ser. El problema no es solo la cifra. Es la secuencia.
Si el origen es limpio, no se reserva el expediente. Si la ley del Infonavit “no aplica” Declaranet, tampoco se entiende por qué un comité interno aceptó sellar hasta el salario en Nómina Transparente. Julieta Del Río, excomisionada del INAI, lo dijo claro: las declaraciones patrimoniales son públicas salvo datos estrictamente personales; clasificarlas de tajo choca con la máxima publicidad.
El problema no son los ingresos oficiales, sino los otros, y la pregunta que queda en el aire. ¿Por qué reservó lo que, por ley, tiene que ser público? Romero responde con años de trabajo. La cronología responde otra cosa: primero el secreto, después la orden presidencial, al final la justificación.
