Oaxaca.- Carlos Alonso Guzmán Delgado, alumno del CETMAR 05 de Salina Cruz, no descubrió nada que el gobierno de Oaxaca no debiera saber: baños sin agua, lavabos desprendidos, tuberías a la vista, sanitarios bloqueados y un plantel de 50 años donde se cobra cuota de 600 pesos y se exige uniforme completo. Lo que sí hizo fue grabarlo. La respuesta inicial no fue reparación, sino amenaza de expulsión y luego de suspensión. Solo cuando el video se volvió incómodo, la dirección negó la sanción y el gobernador Salomón Jara apareció para aplaudir al “joven siempre rebelde” y anunciar que su administración “recompondrá” los sanitarios.
Ese giro no es sensibilidad: es control de daños. Padres protestaron, Movimiento Ciudadano presentó queja ante la CNDH y la escuela tuvo que desmentir lo que el propio alumno y su familia habían relatado. Jara no llegó porque el Estado vigila las aulas; llegó porque un celular destapó el abandono y lo convirtió en escándalo. Reparar lo mínimo después de la humillación pública no es un logro de gobierno: es admitir, tarde y a regañadientes, que se gobernó de espaldas a lo más básico.
La escena es el manual de siempre: castigar al que señala el problema y, si el problema ya no se puede esconder, convertirlo en acto protocolario. Mientras tanto, Oaxaca sigue cargando escuelas sin mantenimiento y un discurso de “transformación” que aparece cuando ya hay cámaras. Si cada alumno tuviera que viralizar su baño para que el gobernador cumpla, el diagnóstico no es de un plantel: es de un poder que solo se mueve cuando lo exhiben.