Profesor colombiano acusa a la Guardia Nacional de tortura: Un caso que expone fallas en el sistema
Tras su liberación, quedó desorientado y fue localizado el 16 de enero en un centro de rehabilitación en Juárez, Nuevo León, tras días deambulando
Puebla.- El académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años e investigador en la Universidad Iberoamericana de Puebla, rompió el silencio este lunes tras ser localizado con vida el 16 de enero en un centro de rehabilitación en Juárez, Nuevo León. Según su testimonio, fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto de Monterrey por elementos de la Guardia Nacional por supuestas “faltas administrativas” no especificadas, donde lo golpearon hasta fracturarle tres costillas, lo encarcelaron tres días en Apodaca y lo liberaron sin explicaciones, dejándolo desorientado y sin documentos. Escobar narró que vagó por las calles deshidratado y sin recursos hasta ser rescatado, un relato que coincide con reportes de la Fiscalía de Nuevo León, que confirmó su detención inicial pero no detalla las razones.
El caso, que generó presión de la comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos, resalta inconsistencias: Escobar asegura haber sido drogado con una bebida en el aeropuerto, lo que podría explicar su desorientación posterior, según testimonios recogidos en redes y medios. La IBERO Puebla, a través de su rector Alejandro Guevara, exige claridad a las autoridades de Apodaca y la GN, argumentando que la localización no equivale a justicia. Fuentes extra oficiales reportan que la detención fue por faltas menores, pero sin protocolos claros, lo que alimentó especulaciones de error o colusión, especialmente en un contexto donde la GN ha sido criticada por abusos en aeropuertos.
Este incidente no es aislado; revela grietas en la Guardia Nacional, creada para proteger pero acusada de violaciones sistemáticas, como detenciones arbitrarias y violencia. ¿Fue un malentendido con un profesor inofensivo o un patrón de impunidad? Sin una investigación independiente, casos como este erosionan la confianza en instituciones que deberían salvaguardar, no victimizar, a extranjeros y ciudadanos por igual.