Oaxaca.- El 7 de noviembre, sujetos en motocicleta dispararon al menos 11 veces (calibre 9 mm) contra el restaurante Rockaway, del periodista José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, en Juchitán, Oaxaca. No hubo heridos porque el local estaba vacío. Santiago denunció que le exigían 50 mil pesos de cobro de piso, se negó a pagar y, desde junio o julio, había presentado varias denuncias ante la Fiscalía estatal por amenazas y extorsión, sin avances visibles. Ya contaba con protección del Mecanismo Federal desde hace años, tras un atentado previo.
Días después, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, aseguró que “no lo vamos a dejar solo”: el periodista tiene protección federal y estatal, se investigarán sus señalamientos contra personas presuntamente vinculadas a la delincuencia y reconoció que la extorsión sigue siendo un problema en Juchitán. La declaración suena más a respuesta de emergencia que a estrategia. En el municipio hay más de 50 homicidios dolosos en lo que va de 2026 y las extorsiones a restauranteros, taxistas y mototaxistas no cesan, incluso después de la detención y vinculación a proceso del exalcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano por extorsión agravada y vínculos con una célula del CJNG.
Las palabras de Romero contrastan con la realidad que el propio periodista ha expuesto: denuncias previas ignoradas, un ataque que ocurre pese a la protección existente y la percepción de que líderes políticos locales habrían tomado o mantenido control sobre el cobro de piso. Mientras las autoridades reiteran que “trabajan permanentemente”, las balas en la fachada de Rockaway y las cuotas exigidas a comerciantes demuestran que, en Juchitán, la impunidad sigue siendo más rápida que la respuesta institucional.