Pueblos indígenas de Chiapas se amparan contra autopista San Cristóbal-Palenque, municipio donde está el rancho de AMLO
Comunidades tzeltales, tzotziles, choles y mestizas —con el respaldo de organizaciones y especialistas—, interpusieron dos amparos.
Chiapas.- En un nuevo capítulo de tensiones entre el desarrollo impulsado desde el poder y la resistencia de las comunidades originarias, habitantes indígenas de 13 municipios de Chiapas han dicho “basta” al proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque. Este plan, que arranca en el municipio donde hoy reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se extiende hasta San Cristóbal de Las Casas, ha desatado una lucha que va más allá de lo económico o lo logístico: es una batalla por la identidad, el territorio y el derecho a ser escuchados.
Las comunidades tzeltales, tzotziles, choles y mestizas no se han quedado de brazos cruzados. Este lunes, con el respaldo de organizaciones y especialistas, interpusieron dos amparos que buscan frenar en seco la obra. Fernanda Santos, académica de la Universidad Ibero Puebla y abogada con trayectoria en derechos humanos, explicó a la prensa el doble golpe legal: “Un primer amparo apunta a la inconstitucionalidad de los lineamientos del proyecto, y el segundo denuncia la violación al derecho de una consulta libre, previa e informada”. No es un tecnicismo menor; es un reclamo anclado en el artículo 2 de la Constitución mexicana y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que México firmó hace décadas pero que, según los afectados, sigue siendo letra muerta.
El timing del anuncio no es casualidad. Horas antes, el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar presumía los resultados de una consulta realizada el 23 de marzo, en la que, según él, 39 mil personas habrían dado luz verde a la autopista. Sin embargo, las comunidades no tardaron en desmontar la narrativa oficial: acusan irregularidades, falta de transparencia y una participación amañada. “No hubo información clara ni accesible, mucho menos un proceso que respetara nuestras formas de decisión”, sentencia Pascula Vázquez Aguilar, vocera del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). Para ella y los suyos, la consulta fue una farsa que pisotea sus derechos y perpetúa una historia de exclusión.
El trasfondo del proyecto no pasa desapercibido. La autopista, que conecta dos polos emblemáticos de Chiapas, arranca en Palenque, donde López Obrador se instaló tras dejar la presidencia el pasado 30 de septiembre. Durante su sexenio, el exmandatario habló incansablemente de su retiro a una finca en esa zona, un detalle que hoy carga de simbolismo político esta obra. Pero lo que desde el centro del país podría leerse como un legado de infraestructura, en las comunidades se percibe como una amenaza existencial. “Es un proyecto discriminatorio, racista y excluyente”, afirma Vázquez Aguilar, señalando que los campesinos y habitantes de estas tierras no solo quedan fuera de los beneficios, sino que enfrentan el riesgo de perderlo todo.
Las denuncias no se quedan en palabras. Los habitantes reportan estudios de suelo realizados sin su consentimiento, con ingenieros y delegados gubernamentales irrumpiendo en sus territorios. Peor aún, algunos han recibido amenazas: “Si no los dejamos dejas trabajar, regresaremos con la policía estatal”, les han advertido, según testimonios recogidos por las comunidades. Este clima de intimidación se agrava por la opacidad oficial. La convocatoria a la consulta, por ejemplo, se lanzó a última hora por redes sociales, ignorando los canales de comunicación tradicionales que las propias comunidades reconocen como válidos.
Las demandas son claras y contundentes: respeto a sus derechos como pueblos originarios, un alto al despojo de sus tierras, transparencia sobre el impacto ambiental y cultural de la autopista, y la publicación del presupuesto y origen de los fondos. También exigen los resultados detallados de la consulta, desglosados por comunidad y municipio, para contrastar la versión del gobierno con la realidad en el terreno. No es un rechazo visceral al progreso, insisten; es una defensa de su modo de vida. “No estamos contra el desarrollo, pero no puede ser a costa de nosotros”, subraya Vázquez Aguilar.
El gobierno federal, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, y el estatal, bajo Ramírez Aguilar, enfrentan un dilema que trasciende lo administrativo. La autopista San Cristóbal-Palenque no es solo un trazo en un mapa; es un espejo de las tensiones históricas entre el México oficial y el de abajo. Mientras las comunidades se organizan y los amparos avanzan en los tribunales, una pregunta queda en el aire: ¿será esta obra otro capítulo de imposición o un punto de inflexión hacia un diálogo genuino? Por ahora, los pueblos de Chiapas no parecen dispuestos a ceder. Y con razón: lo que está en juego no es solo una carretera, sino su propia existencia.