CDMX.- Este lunes 9 de noviembre los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE estallaron un paro nacional que, según ellos, alcanzó hasta el 90 % de las oficinas en al menos una decena de estados (Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Puebla, CDMX, Edomex, Sonora y otros). Rechazan el aumento del 6 % que el Instituto ofreció para enero de 2027 y exigen nivelar sus sueldos —hoy entre 9 mil y 11 mil pesos mensuales— al equivalente de dos salarios mínimos, unos 19 mil 164 pesos. Frente a la sede central corearon “¡Todos queremos París a nuestros pies!” y adaptaron “¿Qué le pasa a Lupita?”: “¿Qué le pasa a Lupita?, no sé, ¿qué es lo que quiere?, robar”, en alusión directa a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
La protesta no surge en el vacío. Taddei renunció el 26 de octubre en medio de una cascada de señalamientos de conflictos de interés y contratos a empresas vinculadas a su entorno (José Alfredo Hernández Casillas y grupos que recibieron cientos de millones, incluidos montos de hasta 198-240 millones por urnas y mamparas). La Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones de oficio sobre irregularidades, triangulación de recursos, empresas fachada y sobreprecios en el INE, los OPLE y hasta el viejo IFE desde 2000-2014; la UIF ya bloqueó cuentas de Taddei y decenas de personas y firmas vinculadas. Los de abajo contrastan: “no hay presupuesto para nivelar sueldos, pero sí para contratos a modo y lujos”.
El contraste es brutal y contundente. Mientras cinco mil operadores que son la cara cotidiana del padrón electoral ganan sueldos de hambre, limpian módulos y comen en minutos, las autoridades del Instituto —en plena crisis de credibilidad— les ofrecen migajas diferidas y les dicen que “revisarán”. El paro se levantó al final del día con un acuerdo para reabrir el martes y “revisar” el 6 % como base mínima, pero el mensaje ya quedó claro: en el INE hay dinero cuando conviene a los de arriba, y escasez calculada cuando toca a quienes atienden a la ciudadanía. La institucionalidad electoral no se cae por el paro; se cae por la impunidad de los contratos y la hipocresía de quienes los autorizaron.
