Oaxaca.- La detención de Miguel Sánchez Altamirano, el “Quetú” de Juchitán, no es un accidente de un alcalde suelto. El 23 de septiembre fuerzas federales y estatales lo sacaron del Istmo con orden por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado; Harfuch y la FGEO lo ligaron a “Los Cromos”, célula que operan como brazo del CJNG, y lo mandaron al penal de máxima seguridad. Un día después cayó John Keny Moreno, excomisario municipal que también comandó la policía cuando Emilio Montero Pérez era alcalde. Ese dato importa: Montero dejó el Ayuntamiento, se llevó el IEEPO y Quetú heredó el municipio. No es un hilo suelto; es el mismo grupo político.
Mientras el edil viaja esposado, medios locales contrastaron portales de transparencia y encontraron a su cabildo y a su familia con plaza estatal. La hermana, Amable Queto, aparece como administrativa del IEEPO; el regidor José Alfredo Nicolás Vera, la regidora Rosa Elvia Jiménez, la síndica Zoila Gómez y el director de Obras, José Antonio López, figuran como docentes o personal del instituto que dirige Montero. El secretario Fernando Santos Villalobos también. La esposa del detenido, Reyna Alonso Carrasco, preside el DIF y, según esos mismos registros, cobra en Servicios de Salud de Oaxaca. El regidor de Turismo, Silas Carrasco, aparece en Movilidad. No es un rumor de cantina: son nombres públicos, sueldos públicos y cargos simultáneos. Lo que no hay —todavía— es una investigación formal de la Secretaría de Honestidad que explique cómo un funcionario municipal da clase, administra o “auxilia” en otra dependencia sin licencia, sin incompatibilidad y sin que nadie cruce las nóminas.
Eso es lo duro. En Oaxaca el IEEPO no es una oficina más: es botín, clientela y máquina de lealtades. Si el Estado acusa al alcalde de proteger al crimen y al mismo tiempo su círculo sigue incrustado en la nómina educativa, el problema no es solo Quetú. Es un aparato que usa la escuela, la salud y el municipio como caja chica política, y un órgano de control que se llama Honestidad mientras mira para otro lado. La Fiscalía ya movió ficha federal. Falta que alguien revise, con los mismos papeles que cualquiera puede bajar de Transparencia, si esas plazas son trabajo o son premio. Mientras no lo haga, Juchitán no perdió a un alcalde: exhibió el método.
