Rancho Izaguirre fue campo de reclutamiento y adiestramiento del CJNG, concluye FJR; Gertz Manero descarta crematorio
"Tenemos totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales"
CDMX.— Este martes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, funcionaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Con pruebas que calificó de “indudables” —confesiones, testimonios y documentos—, Gertz descartó la existencia de crematorios clandestinos en el predio, pero admitió que hubo asesinatos en el lugar. El anuncio, aunque relevante, deja un regusto amargo: la investigación expone la impunidad con la que operó el CJNG durante años y la complicidad de autoridades locales, mientras plantea dudas sobre la profundidad de las indagatorias.
“Tenemos totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales. La amplitud de esa información es absolutamente indudable”, informó Gertz Manero en conferencia de prensa.
El rancho Izaguirre no es un descubrimiento reciente. Desde 2021, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco alertó a las autoridades de Teuchitlán sobre actividades ilícitas en el predio, sin que estas actuaran. No fue hasta septiembre de 2024 que la Guardia Nacional intervino, cateando el lugar, deteniendo a 10 personas por desaparición, rescatando a dos civiles y hallando un cuerpo. En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó posibles restos humanos, forzando a la FGR a intensificar las pesquisas. Que un colectivo ciudadano haya sido clave para reactivar el caso es una bofetada al sistema de justicia: ¿dónde estaba el Estado mientras el CJNG convertía el rancho en su cuartel?
Gertz Manero aseguró hoy que las pruebas confirman el uso del rancho por el CJNG, pero no detalló la naturaleza de los documentos ni la credibilidad de los testimonios. Esta opacidad alimenta la desconfianza en un país donde las investigaciones de alto perfil suelen diluirse en promesas vacías. Más inquietante aún es la admisión de asesinatos en el lugar sin precisar cuántos ni cómo ocurrieron. Si hubo homicidios, ¿por qué no hay más restos? ¿Qué pasó con las víctimas?
Uno de los puntos centrales del anuncio fue el descarte de crematorios clandestinos. Gertz afirmó que “no hay una sola prueba” que los acredite, reportando en cambio zanjas, fogatas y una vasija con fragmentos óseos “antiguos”.
“Fragmentos muy pequeños de huesos, de una antigüedad que creemos es importante. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales”, detalló.
La ausencia de osamentas completas o cadáveres refuerza, según él, que no hubo incineraciones masivas. Sin embargo, este argumento es frágil. En un país donde los cárteles han usado hornos, ácido y fosas para desaparecer cuerpos, las zanjas y fogatas podrían apuntar a métodos alternativos de eliminación. La falta de análisis forenses detallados sobre los fragmentos óseos —su antigüedad, origen o cantidad— deja la puerta abierta a especulaciones. ¿Se investigó a fondo o se optó por una conclusión conveniente?
El hallazgo de bolsas con ropa, encontradas en “otra parte del edificio” y devueltas por la Procuraduría de Jalisco sin periciar, es otro síntoma de descoordinación. Gertz prometió que se analizarán individualmente y estarán disponibles para que familiares de desaparecidos las identifiquen. Este gesto, aunque necesario, llega tarde y pone en evidencia una cadena de custodia deficiente. ¿Cómo es posible que evidencia potencialmente crucial haya sido manejada con tanta ligereza?
El caso del rancho Izaguirre no solo señala al CJNG, sino a un sistema que permitió su operación. La implicación de tres ex policías de Tala y la inacción de autoridades locales durante tres años sugieren, en el mejor de los casos, negligencia; en el peor, colusión. Gertz anunció que habrá más órdenes de aprehensión contra funcionarios, pero no abordó cómo el CJNG pudo operar un centro de adiestramiento a plena vista. Jalisco, bastión del cártel, ha visto cómo las redes de protección alcanzan a policías, alcaldes y jueces. Este caso refuerza la percepción de que el crimen organizado no actúa solo.
La FGR reporta 14 procesos por delincuencia organizada y desaparición, un avance tangible. Sin embargo, la falta de claridad sobre los avances concretos —como sentencias o nombres de los implicados— mantiene el caso en un terreno nebuloso. La promesa de más detenciones suena bien, pero sin resultados visibles, es solo retórica.
“Esas bolsas las levantó la autoridad de Procuración de Justicia del Estado y se las llevó. Sin haberlas periciado individualmente, nos las acaban de devolver”, informó.
El anuncio de hoy se da en un México donde más de 110,000 personas están desaparecidas, según datos oficiales hasta abril de 2025. Jalisco, con su alta incidencia de fosas clandestinas, es un epicentro de esta crisis. Que colectivos como Guerreros Buscadores tengan que hacer el trabajo de las autoridades es un recordatorio de la deuda del Estado con las víctimas. La FGR, bajo Gertz, ha sido criticada por su lentitud en casos de desaparición y por priorizar titulares sobre resultados. Este caso, aunque mediático, no escapa a ese patrón.
El anuncio de la FGR confirma lo que muchos sospechaban: el rancho Izaguirre era un feudo del CJNG. Pero la narrativa oficial, con su descarte apresurado de crematorios y su vaguedad sobre los asesinatos, parece más un intento de controlar el relato que de esclarecer la verdad. Las omisiones de las autoridades locales, la dependencia de colectivos ciudadanos y el manejo errático de la evidencia pintan un cuadro desolador: el sistema de justicia sigue siendo reactivo, descoordinado y, en ocasiones, cómplice.
Mientras las bolsas de ropa esperan ser periciadas y las familias de desaparecidos buscan respuestas, el rancho Izaguirre es un recordatorio de que el CJNG no es solo un problema de criminales, sino de un Estado que, por acción u omisión, ha permitido que el horror se instale. Gertz puede celebrar las pruebas “indudables”, pero sin transparencia ni resultados concretos, sus palabras son solo eso: palabras.