Reforma Sanitaria: ¿Acceso universal o colapso inminente?
El 15 de enero se publicó en el DOF el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, consolidando a IMSS-Bienestar como operador principal para la población sin seguridad
CDMX.- La reciente reforma al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, aprobada por Morena y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, busca modernizar la administración de servicios médicos y permitir que personas sin afiliación a la seguridad social accedan a instituciones como el IMSS o ISSSTE mediante convenios de intercambio. En teoría, esto optimiza el Sistema Nacional de Salud y garantiza atención gratuita, incluyendo medicamentos e insumos, para millones sin cobertura. Sin embargo, críticos como el médico y exdiputado Éctor Jaime Ramírez, en un hilo viral en X con más de 50 mil vistas, alertan que se trata de un parche improvisado ante el fracaso del IMSS-Bienestar, operativo desde 2022 pero con hospitales como el Regional de Alta Especialidad del Bajío funcionando solo al 30% de capacidad, según reportes del Senado en 2023.
El contexto histórico revela una cadena de intentos fallidos: el Seguro Popular, creado en 2003 y eliminado en 2020 por el INSABI, que a su vez fue sustituido por IMSS-Bienestar en 2022 sin resolver desigualdades en gasto por paciente ni invertir en infraestructura. Fuentes como Gaceta Sanitaria (2025) destacan que México persiste en un sistema segmentado, donde el gasto per cápita en IMSS es hasta tres veces mayor que en servicios estatales, perpetuando inequidades. Esta reforma, sin presupuesto adicional explícito en el DOF, podría saturar clínicas ya sobrecargadas, como denuncian usuarios en X, donde respuestas al post de Ramírez hablan de “muerte anticipada del sistema” por duplicar pacientes sin recursos extras.
Analíticamente, aunque el discurso oficial promete equidad, ignora la realidad financiera: las reservas del IMSS se usan para cubrir déficits, arriesgando pensiones, como advierte Ramírez proponiendo prohibiciones estrictas y plazos de 180 días para reglas operativas. Sin inversión real, esta medida podría profundizar la crisis, beneficiando solo en papel a los no asegurados mientras erosiona la calidad para derechohabientes, un error recurrente en reformas mexicanas que priorizan la retórica sobre la sostenibilidad.
