Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.— El presidente municipal de Morena, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, permanece recluido en un centro federal de reinserción social en espera de la próxima audiencia por acusaciones de narcotráfico, mientras el Congreso local extinguió el Ayuntamiento y el gobernador designó a un comunicador como administrador temporal.
Sánchez Altamirano y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, fueron capturados en un operativo coordinado de corporaciones federales y estatales. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca los investiga por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Según las indagatorias, el edil habría facilitado o encubierto las operaciones de la célula “Los Cromos”, identificada por las autoridades como brazo regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec. Al grupo se le atribuyen cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.
Tras una audiencia inicial de varias horas, un juez calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva. El alcalde fue trasladado al penal federal El Altiplano. La vinculación a proceso se definirá el 29 de septiembre. Un día después de la captura del edil también fue detenido el excomisionado de la policía municipal, señalado de proteger a la misma organización.
El viernes 25 por la noche, la legislatura estatal aprobó con 35 votos a favor la desaparición de poderes del cabildo electo para el periodo 2025-2027. El gobernador morenista Salomón Jara Cruz argumentó la medida para restablecer el orden. Esa misma noche designó al comunicador Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal, encargado de la administración del Palacio Municipal y de dar certeza a los más de 113 mil habitantes.
Elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas estatales tomaron el control de la seguridad pública, desarmaron a la policía municipal e intervinieron la Comisaría. Tras la detención se registraron bloqueos y quema de llantas en corredores del Istmo.
El caso ocurre en un municipio que la propia Fiscalía ubicó en abril de 2026 como el de mayor incidencia estatal en homicidios dolosos y extorsión. Días antes de la captura, el 18 de septiembre, fue atacada a balazos la vivienda del diseñador textil zapoteco Elvis Guerra. Un homicidio posterior intentó vincularse a ese ataque, hipótesis que las autoridades descartaron.
Con el Ayuntamiento disuelto, la seguridad bajo control federal y el edil en prisión preventiva, Juchitán entra en una etapa de intervención extraordinaria mientras avanza el proceso penal contra el exalcalde y sus presuntos cómplices.