Remueven a fiscal especial del caso Ayotzinapa tras dos años sin avances significativos
La salida de Rosendo Gómez Piedra genera dudas sobre la continuidad de la investigación en uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México
CDMX.- La noticia de la remoción de Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial del caso Ayotzinapa, tras más de dos años en el cargo, no solo marca un giro en la investigación de uno de los episodios más oscuros de México, sino que también despierta sospechas sobre las intenciones reales detrás de este movimiento. Desde 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido un símbolo de impunidad y fracaso institucional, y este cambio en la fiscalía especial ocurre en un contexto de presiones políticas y sociales que exigen verdad y justicia.
El caso Ayotzinapa, que involucra a estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, ha sido objeto de múltiples críticas debido a la narrativa inicial de la "verdad histórica", promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual fue desmentida por expertos independientes y una comisión de la verdad. Esta narrativa sugería que los estudiantes fueron asesinados y cremados por un cártel de drogas, pero investigaciones posteriores revelaron irregularidades, torturas y obstrucciones deliberadas por parte de autoridades, incluyendo al ejército y funcionarios de alto nivel.
La salida de Gómez Piedra, quien asumió el cargo con la promesa de avanzar en la investigación, se produce en un momento crítico. A pesar de algunos avances, como la emisión de órdenes de aprehensión contra militares y policías involucrados, el caso sigue estancado en muchos frentes. Su remoción, según fuentes federales, podría interpretarse como parte de un patrón de interferencias políticas, especialmente considerando que el caso ha sido manipulado por diferentes administraciones para proteger intereses específicos, como lo documentaron organismos como la GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y Amnistía Internacional.
Esta decisión no solo afecta la percepción de progreso en el caso, sino que también genera dudas sobre la capacidad del actual gobierno para mantener un compromiso real con la verdad y la justicia. Mientras los familiares de los estudiantes continúan su lucha, la pregunta que permanece es si este cambio representa un verdadero esfuerzo por desentrañar la verdad o simplemente otra maniobra para diluir la responsabilidad en un caso que ha expuesto las profundas fallas del sistema de justicia mexicano.