Represora: Gobernadora Layda Sansores hostiga a la prensa con la ley del garrote desde que entró al poder en Campeche, denuncia el periodista Jorge González
González, quien fue vinculado a proceso el pasado viernes por presunta “incitación al odio” contra la gobernadora.
Campeche.— La libertad de expresión en Campeche enfrenta una crisis sin precedentes bajo el gobierno de Layda Sansores, según denuncias del periodista Jorge González, ex director del diario Tribuna Campeche: “Desde que entró al poder, viene hostigando a todos los periodistas”. En una entrevista difundida este lunes en redes sociales, González detalló los ataques sistemáticos contra la prensa local, que han llevado a la desaparición de todos los periódicos impresos en el estado y a un clima de temor entre los comunicadores con el uso de la ley como “garrote”.
González, quien fue vinculado a proceso el pasado viernes por presunta “incitación al odio” contra la gobernadora, calificó las acusaciones en su contra como una maniobra para silenciarlo. “Desde que entró al poder, viene hostigando a todos los periodistas”, afirmó, destacando que, al inicio del gobierno de Sansores, “había en Campeche 5 medios de comunicación, 5 periódicos. Ahorita no existe ninguno”. Esta desaparición de medios impresos refleja, según el periodista, un esfuerzo deliberado por parte de la administración para sofocar la crítica.
El ex director de Tribuna señaló que las autoridades le atribuyen falsamente la dirección de una plataforma digital, a pesar de que se jubiló hace siete años y carece de la capacidad tecnológica para gestionarla. “Me atribuye la dirección de una plataforma que no tengo capacidad tecnológica. En razón de este dato, tengo casi 72 años”, explicó González, evidenciando lo que considera una persecución basada en pretextos. Además, reveló que su programa de televisión fue pausado debido al “asedio” del gobierno, aunque continúa siendo difundido en plataformas digitales que, según él, tienen “mucha aceptación”. Esto, afirmó, “molesta a la gobernadora, que además tiene un vocabulario” agresivo contra los comunicadores.
El periodista también denunció un episodio de abuso de autoridad el pasado 9 de abril, cuando fue detenido en un operativo desproporcionado. “Hacen un despliegue brutal de abuso de autoridad. Me esposan, me golpean, y me llevan a la fiscalía”, relató, añadiendo que, a pesar de su condición de salud –con cuatro intervenciones en el corazón y una reciente operación de cataratas–, las autoridades ignoraron su estado y lo trasladaron a una celda tras negarle atención médica adecuada. Este incidente, según González, es parte de una estrategia para intimidarlo y obligarlo a abandonar Campeche, algo que él rechaza categóricamente: “Yo no me voy a ir de Campeche. Yo aquí nací, crecí, me estudié, me desarrollé, y no me voy a ir”.
Las sanciones impuestas a González incluyen una prohibición de ejercer el periodismo durante dos años y restricciones para participar en plataformas digitales, medidas que él interpreta como un intento de la gobernadora por “cubrirse las espaldas” antes de dejar el cargo. “Me enseñan que tengo dos años para que yo no pueda ejercer el periodismo y cancela en la plataforma dos años. ¿Y dos años por qué? Porque las señoras dentro de los dos años ya no estarán en Campeche”, afirmó, sugiriendo que las acciones legales buscan neutralizar las críticas durante el resto de su mandato.
González también acusó a Sansores de tomar las denuncias de manera personal en lugar de abordarlas como gobernante. “En lugar de tomarlo como gobernante, se lo toma personal”, dijo, refiriéndose a las críticas sobre problemas como el clima de inseguridad, el sicariato y la ineficiencia de la policía estatal, liderada por una comandanta que, según él, “es ineficiente, psicóloga”. Asimismo, señaló despidos masivos, como los de 300 familias de policías y 11 empleados del INDEJUCAR, como represalias por cuestionar la gestión de la gobernadora.
El caso de González no es aislado. Según el periodista, “hay otros periodistas que están en las mismas circunstancias, en el mismo deseo” de censura. Esta situación ha generado un ambiente de autocensura entre los medios y la ciudadanía, quienes temen represalias por expresar opiniones críticas. “Es una censura inducida por el temor a que te exhiban sin justificación”, afirmó González, resumiendo el impacto de las acciones del gobierno estatal.
A pesar de las amenazas y las restricciones, González se mantiene firme: “No me voy a replegar de ninguna manera”. Su caso pone en evidencia una preocupante erosión de la libertad de expresión en Campeche, donde el uso de la ley como “garrote” –en palabras del periodista– y la persecución judicial amenazan con silenciar a quienes buscan informar y denunciar. Mientras tanto, la gobernadora Sansores enfrenta crecientes cuestionamientos por su manejo del poder y su relación con la prensa.