CDMX.- El 29 de abril de 2026 Estados Unidos presentó una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios —entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez— fueron señalados de conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político. El cártel ya había sido designado organización terrorista extranjera. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
La respuesta del gobierno mexicano y de Morena fue inmediata y uniforme. Claudia Sheinbaum y la dirigencia del partido salieron a respaldar a los señalados. En las mañaneras se repitió, día tras día, la misma fórmula: “No hay pruebas”, “Cuando pedimos pruebas son pruebas, no dichos”, “Si no hay evidencias no se procede, aunque lo pida Estados Unidos”. La Fiscalía General de la República abrió carpetas, citó a declarar y, meses después, informó que no había elementos suficientes bajo la legislación mexicana. Rocha Moya pidió licencia el 1 de mayo “para no interferir” en las investigaciones. Algunos de los implicados lo acompañaron; Inzunza no. El senador nunca solicitó separarse del cargo.
Dos de los acusados —Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas— cruzaron a Estados Unidos y se entregaron voluntariamente. Empezaron a colaborar. Mientras tanto, Rocha Moya desapareció de la vida pública. Su ubicación se volvió materia de especulación. La narrativa oficial se mantuvo intacta: no hay pruebas, México investiga, la soberanía no se negocia.
El 21 de agosto, después de 112 días, Rocha Moya reapareció. Anunció que retomaba el cargo. “No existen los mínimos elementos de prueba… no he cometido ningún delito”, escribió. “Regreso con la frente limpia y en alto”. Ese mismo día la Secretaría de Gobernación aclaró que se trataba de una “determinación de carácter personal”. Morena se deslindó. Sheinbaum dijo que se enteró por redes sociales y publicó un mensaje sin nombrarlo: ningún interés personal está por encima de la nación. El “no estás solo” que Morena suele corear a sus figuras cuestionadas no sonó esta vez.
Treinta y dos horas después, Rocha Moya volvió a pedir licencia. Esta vez indefinida. “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Quedó solo.
Aquí empiezan las preguntas que no se responden con eslóganes.
Si según la presidenta, el partido y la Fiscalía mexicana no hay pruebas que vinculen a Rocha Moya con el crimen organizado, ¿cuál es el problema de que regrese a gobernar el estado que lo eligió hasta 2027? La inocencia no es un favor que se otorga y se retira según la conveniencia política. Si es inocente, debe estar en el cargo. Si no lo es, la defensa previa fue un montaje.
¿Para qué tanta trinchera retórica durante meses si al final le dieron la espalda en menos de dos días? ¿Por qué a Inzunza, acusado en el mismo expediente y con el mismo nivel de señalamiento, nadie le exige separarse del Senado mientras sí se le exigió a Rocha Moya abandonar la gubernatura?
El regreso de 32 horas y la nueva licencia no se explican con principios. Se explican con cálculo. O hay pruebas que el gobierno federal no ha querido reconocer públicamente, o la presión de Washington se volvió insostenible y alguien decidió que Rocha Moya era el sacrificio necesario. En ambos casos, el discurso de “no hay pruebas” se convierte en una ficción útil: sirve para proteger mientras conviene y se descarta cuando deja de serlo.
La operación completa —defensa cerrada, investigación sin consecuencias, abandono súbito— no deja a Rocha Moya como el único desnudado. Deja al discurso de soberanía y presunción de inocencia de la 4T convertido en una herramienta de oportunidad. Cuando el costo político sube, el “no estás solo” se convierte en silencio. Y el silencio, en este caso, es elocuente.
