CDMX.- El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, no descubrió hoy el huachicol fiscal: lo que hizo fue ponerle nombre y cargo al silencio. Acusó a Octavio Romero Oropeza de conocer, como director de Pemex, los huecos financieros que dejó el contrabando de combustibles y de saber dónde estaban los faltantes. “Obvio, él sabía”, dijo, y la frase no es un adorno: es el señalamiento de que el hombre que debía vigilar la empresa no puede alegar sorpresa ante un saqueo que, según estimaciones de especialistas como Francisco Barnés de Castro y Ramsés Pech, se mide en cientos de miles de millones de pesos.
Lo grave no es solo la denuncia opositora. Es el recorrido posterior. Romero salió de Pemex y fue enviado al Infonavit, a administrar el fondo de vivienda de millones de trabajadores, mientras la Secretaría Anticorrupción mantiene auditorías sobre contratos, abastecimiento y presunto tráfico de combustibles del tramo final de su gestión. El mismo lunes en que Añorve lo señala, el funcionario subió a la mañanera a defender un patrimonio de decenas de millones y a despachar las preguntas como “campaña”. Esa no es rendición de cuentas: es reciclar al cuestionado y pedirle al país que mire para otro lado.
México ya vio esta película. Se prometió acabar con el huachicol y el negocio mutó a aduanas, facturas y mermas “técnicas”. Hay libro, facturas del SAT, auditorías y reportes periodísticos; lo que no hay es una investigación pública, completa y sin manto protector sobre quien estuvo al frente de Pemex cuando el hoyo se agrandó. Mientras eso no ocurra, la acusación de Añorve no es ruido priista: es el recordatorio de que aquí el costo político se paga con un ascenso, no con una comparecencia.