Salomón Jara confiesa y luego se contradice: autorizó entregar autos robados e incautados por la Fiscalía a alcaldes y militantes de Morena Oaxaca, pero ahora anuncia investigación
¡Del corralón al carrazo morenista! Jara confiesa: “Prestamos autos robados porque no hay dinero”
Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, admitió en conferencia de prensa que autorizó a la Fiscalía General del Estado entregar vehículos decomisados o en resguardo —incluyendo unidades con reportes activos de robo— a presidentes municipales y militantes de Morena para su uso personal o institucional. Lo justificó como una “práctica común” ante la falta de recursos para comprar flotillas nuevas, y detalló que los alcaldes “los componen, los arreglan y los tienen en sus manos”.
Sin embargo, tras esa admisión, Jara pasó a anunciar que se realizará una investigación sobre el mismo caso y planteó regularizar esta práctica, lo que ha generado cuestionamientos por la aparente contradicción entre ambas posturas.
El escándalo detonó con la denuncia del creador de contenido “Señor Blue”, quien exhibió un Volkswagen Jetta que operaba como taxi, con reporte vigente de robo, que fue repintado, “legalizado” con documentos dudosos y entregado a un comisionado ligado al gobernador, pese a seguir vinculado a una carpeta de investigación abierta.
Esta secuencia de declaraciones —primero admitir y justificar la entrega de vehículos robados o asegurados como si fuera algo normal, luego anunciar una investigación sobre lo mismo y proponer regularizarlo— expone no solo un mecanismo de corrupción institucionalizado, sino también una evidente falta de coherencia. En lugar de subastar los bienes decomisados conforme a la ley o devolverlos a sus dueños legítimos, la administración los redistribuye como prebenda política. Que la propia Fiscalía —supuestamente autónoma— facilite la operación, incluso cuando los vehículos siguen bajo investigación, no es “pragmatismo” ni una práctica que deba regularizarse: es un claro abuso de poder y posible encubrimiento.
En un estado con altos niveles de inseguridad y robo de vehículos, usar el botín del crimen para beneficiar a funcionarios afines y luego pretender “regularizarlo” mientras se anuncia una investigación manda un mensaje demoledor: la justicia existe solo para los de abajo; para los de arriba, todo es negociable y hasta se puede convertir en política pública.
Las llamadas a que la Fiscalía General de la República atraiga el caso no son exageradas. Sin una investigación seria, sanciones y rendición de cuentas pública sobre todos los vehículos entregados —no solo el que se viralizó—, esta práctica seguirá confirmando que en Oaxaca la ley se dobla al servicio del poder morenista. Jara puede pedir aclaraciones al fiscal estatal o anunciar investigaciones, pero la indignación ciudadana ya dejó claro que “no hay dinero” no justifica robarle a las víctimas para premiar a los propios, mucho menos pretender convertir ese abuso en norma.



