SCJN da marcha atrás por el escándalo: Ministros renuncian a camionetas blindadas de lujo, pero los gastos millonarios siguen bajo la lupa
Los nueve ministros de la SCJN decidieron no utilizar las nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas adquiridas recientemente por el tribunal, valoradas en alrededor de 2.8 millones de pesos
CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció el domingo 25 de enero de 2026 que sus nueve ministros no usarán las camionetas blindadas recién adquiridas, tras la ola de críticas en redes y medios por el gasto excesivo. Los vehículos —nueve unidades tipo Jeep Grand Cherokee blindadas— fueron comprados por adjudicación directa a la empresa Total Parts And Components por 22.1 millones de pesos más IVA (25.6 millones total), a razón de 2.8 millones cada una. La Corte planea devolverlas o reasignarlas a otros juzgados, y ofrecerá detalles en conferencia de prensa este lunes.
El tema explotó tras filtraciones y publicaciones en X que revelaron el acta de adquisición y los presupuestos proyectados para 2026 del Poder Judicial de la Federación. Reportes indican partidas como 321 millones de pesos en alimentos y utensilios, 142 millones en viáticos, 1,914 millones en “otros servicios generales” y 103 millones en servicios bancarios (cifras que circulan ampliamente, aunque el presupuesto oficial del PJF muestra variaciones y recortes posteriores en la aprobación legislativa). Además, el Órgano Administrativo Judicial adquirió en total 571 vehículos por unos 252 millones de pesos.
Desde un punto de vista crítico, este episodio revela una clara hipocresía. La reforma judicial impulsada por Morena prometía austeridad republicana, cercanía con el pueblo y fin a los privilegios de la “élite judicial” anterior. Sin embargo, los nuevos ministros —muchos identificados con la 4T— incurrieron rápidamente en adquisiciones de lujo que contrastan con la realidad de un país con carencias en salud, educación y seguridad. La adjudicación directa levanta dudas sobre transparencia, y el retroceso parece más reactivo a la presión pública que una convicción genuina de ahorro.
En resumen, el mensaje es claro: el discurso austero choca con la práctica. La sociedad exige cuentas claras; un retroceso parcial no resuelve el fondo del problema de percepción y confianza en las instituciones.
