SCJN otorga suspensiones indefinidas a alcaldesa de Acapulco investigada por desvío de 898 millones de pesos
Los ministros Javier Láynez y Yasmín Esquivel protege a Abelina López de rendir cuentas, en medio de un clima de impunidad y violencia política que erosiona la confianza en las instituciones.
CDMX.- En un giro que levanta serias preguntas sobre la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido suspensiones indefinidas a Abelina López, alcaldesa de Acapulco, quien enfrenta una investigación por el presunto desvío de 898 millones de pesos. Este recurso legal la protege de cualquier consecuencia inmediata, a pesar de las graves acusaciones en su contra, lo que ha generado un amplio rechazo entre la opinión pública y los analistas.
La decisión, tomada por los ministros Javier Láynez y Yasmín Esquivel, no solo retrasa el proceso de rendición de cuentas, sino que también pone en duda la imparcialidad del sistema judicial. Esquivel, en particular, ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de plagio en su tesis doctoral, un caso que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó, argumentando que no era relevante para su desempeño como ministra. Este episodio refleja una tendencia preocupante, la protección de figuras políticas vinculadas al partido en el poder, Morena, en detrimento de la transparencia y la justicia.
El contexto de esta suspensión es aún más alarmante si se considera el clima de violencia política y corrupción que prevalece en México. Acapulco, una de las ciudades más afectadas por el crimen organizado y la inseguridad, ha sido escenario de múltiples escándalos de corrupción, mientras que otros funcionarios locales han sido asesinados en medio de un aumento de la violencia electoral. La impunidad en este caso no solo exime a López de responder por el dinero desaparecido, destinado originalmente a obras y programas sociales, sino que también envía un mensaje claro, la elite política puede evadir la justicia con facilidad.
Esta situación pone en relieve las tensiones entre las reformas judiciales prometidas y la realidad de un sistema que parece inclinarse hacia los intereses de los poderosos. Mientras la ciudadanía exige rendición de cuentas, la decisión de la SCJN podría profundizar la crisis de confianza en las instituciones democráticas, alimentando la percepción de que la lucha contra la corrupción es selectiva y parcial. En un país donde la corrupción y la violencia política son desafíos estructurales, este caso no es solo un revés para la justicia, sino un recordatorio de los obstáculos que enfrenta México en su camino hacia la gobernabilidad y la equidad.