Tabasco.- El gobernador de Tabasco, Javier May, se limitó a tildar de “falsa” y “mentira” la investigación de Azteca Noticias que documenta la entrega de más de 84 millones de pesos en contratos de la Secretaría de Salud estatal a tres empresas (Priego Fumigaciones, Grupo AR y Vicorca), en su mayoría por adjudicación directa y sin licitación. “Hay transparencia, se acabó la corrupción. Sin comentarios”, repitió al ser confrontado. Su secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi, despachó el asunto como “novelas”. El cinismo es total: los datos salen de Compras MX y de registros públicos, no de rumores.
Priego Fumigaciones, vinculada a familiares del subsecretario de Obras Enrique Priego (entre ellos su esposa Romy Cano y un hermano), pasó de contratos menores a un millón de pesos a recibir cerca de 48.5 millones en diciembre de 2024 por adjudicación directa. Grupo AR y Vicorca, relacionadas con el empresario Amílcar Olán Aparicio —operador financiero señalado como cercano a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y con historial de contratos millonarios bajo gobiernos morenistas—, sumaron alrededor de 35 millones más. El hermano del secretario de Salud aparece ligado a Olán a través de empresas como JAOA Corporativo. El patrón se repite: empresas sin trayectoria relevante obtienen contratos de urgencia o directos justo cuando llega el equipo de May.
Esto no es un hecho aislado. Tabasco opera como laboratorio de la 4T, con poder concentrado (May ganó con más del 80 % y Morena controla la mayoría de distritos y municipios) y un gobernador que ya había sido señalado por favorecimientos en Fonatur durante el Tren Maya. Amílcar Olán, que pasó de contratos de miles de pesos a cientos de millones bajo administraciones anteriores en el estado, reaparece ahora en el sector salud. La negativa a explicar por qué se evitan las licitaciones y el desdén hacia las pruebas públicas confirman lo de siempre: en estos gobiernos, la corrupción no se combate, se administra y se niega.