Se extiende la censura en México: Usan el concepto de "violencia política de género" como herramienta para silenciar voces
Las medidas impuestas, como disculpas públicas durante varios días, multas económicas o la prohibición de ejercer el periodismo, exceden lo necesario para reparar un daño.
CDMX.— Las autoridades mexicanas, en diversos niveles de gobierno y ámbitos judiciales, han utilizado el concepto de "violencia política de género" como una herramienta para limitar la libertad de expresión, generando un mecanismo de censura que afecta tanto a medios de comunicación como a ciudadanos. Este fenómeno se observa en la aplicación de sanciones desproporcionadas, como multas, disculpas públicas prolongadas, inclusión en registros de violentadores y la remoción de contenidos críticos, lo que sugiere un uso selectivo de la normativa para silenciar voces disidentes.
La legislación sobre violencia política de género, aunque busca proteger a las mujeres en la esfera pública, carece en muchos casos de criterios claros y objetivos. Esto permite interpretaciones subjetivas que facilitan su uso para sancionar críticas legítimas o comentarios que no necesariamente constituyen violencia, sino opiniones políticas o periodísticas. Por ejemplo, publicaciones que cuestionan el desempeño de funcionarias públicas han sido calificadas como violencia de género, a pesar de no contener ataques personales o discriminatorios directos.
Las medidas impuestas, como disculpas públicas durante varios días, multas económicas o la prohibición de ejercer el periodismo, exceden lo necesario para reparar un daño y se perciben como intentos de intimidación. Estas sanciones no solo afectan la libertad de expresión, sino que también generan un efecto inhibidor en periodistas y ciudadanos, quienes temen represalias por emitir opiniones críticas.
En varios casos, las autoridades han actuado sin intervención judicial adecuada o con procedimientos opacos, como en la notificación a personas por replicar información o el uso de datos personales sin claridad sobre su obtención. Esto refuerza la percepción de que las denuncias por violencia política de género son instrumentalizadas para fines políticos, más que para garantizar justicia.
La remoción de contenidos periodísticos, el cierre de medios y la persecución de comunicadores bajo el argumento de violencia de género limitan el debate público y el escrutinio de las autoridades. Organizaciones como Artículo 19 han señalado que estas prácticas, junto con reformas como la “Ley Censura” en Puebla, representan restricciones desproporcionadas que pueden ser utilizadas para censurar voces críticas bajo el pretexto de proteger derechos.
Tania Contreras López contra EL UNIVERSAL y Héctor de Mauleón
La presidenta electa del Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, denunció al periodista Héctor de Mauleón y al periódico EL UNIVERSAL por violencia política de género. El Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó una multa, la inclusión de ambos en el registro de violentadores y la eliminación de la columna titulada *Huachicol y poder judicial en Tamaulipas*, publicada el 1 de mayo de 2025. En dicho artículo, De Mauleón señaló una red de corrupción vinculada a Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Contreras López, y destacó su relación con el gobierno de Américo Villarreal, mencionándola como una candidata fuerte de Morena para presidir el Supremo Tribunal de Justicia estatal. La decisión ha generado debate sobre posibles intentos de censura.
Diana Karina Barreras contra Karla María Estrella Murrieta
La diputada federal del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, acusó a Karla María Estrella Murrieta, una ciudadana de Hermosillo, Sonora, de violencia de género por un tuit que insinuaba que su candidatura se debía a la influencia de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. El mensaje de Estrella decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. Como sanción, se le ordenó a Estrella publicar disculpas diarias en redes sociales durante 30 días, refiriéndose a Barreras como “Dato Protegido” y reconociendo que su mensaje contenía violencia simbólica, psicológica, digital y basada en estereotipos de género. Este caso ha generado críticas por la percepción de censura y el uso del término “Dato Protegido”, que Barreras considera revictimizante.
Dora Alicia Martínez Valero contra Aristegui Noticias y Germán Gómez
Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó una denuncia contra Aristegui Noticias y el periodista Germán Gómez por presunta calumnia y violencia política de género. Aunque Martínez no señaló directamente a otros implicados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó a personas que compartieron la información, como la actriz Laisha Wilkins, quien fue requerida por un tuit en el que escribió: “Jaja Dora la censuradora jaaja”. Wilkins expresó su preocupación por cómo las autoridades obtuvieron su dirección y cuestionó los procedimientos del Tribunal, lo que ha avivado el debate sobre la libertad de expresión.
Layda Sansores contra Jorge González Valdez
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores denunció a Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, por “incitación al odio”. La jueza a cargo ordenó el cierre del medio, prohibió a González ejercer el periodismo durante dos años y le impuso una indemnización económica. El comunicador, con más de 50 años de trayectoria, afirmó que estas medidas forman parte de una persecución política orquestada por el gobierno estatal, lo que ha generado críticas sobre el uso de la justicia para silenciar a la prensa.
Abelina López Rodríguez contra Acapulco Trends
En Acapulco, Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado sancionó al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, administrador de la página de Facebook *Acapulco Trends*, por presunta violencia política de género contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Se le impuso una multa y la obligación de ofrecer disculpas públicas durante 15 días consecutivos. La denuncia surgió tras publicaciones críticas que acusaban a la alcaldesa de un mal desempeño y un presunto desvío de 898 millones de pesos. Castañeda argumentó que la sanción busca acallar las críticas hacia la gestión municipal.
La “Ley Censura” en Puebla
En Puebla, el Congreso aprobó una reforma al artículo 480 del Código Penal estatal, conocida como “Ley Censura”, que permite retirar contenido de plataformas digitales sin intervención judicial, bajo el pretexto de sancionar delitos como el ciberacoso y el espionaje en línea. Aunque se presenta como una medida para proteger a la ciudadanía, la organización Artículo 19 ha advertido que esta norma impone restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y podría usarse como herramienta de censura. Por ello, ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su equivalente estatal que promuevan una acción de inconstitucionalidad para frenar su aplicación.
Conclusión
El uso de la "violencia política de género" como herramienta de censura por parte de autoridades mexicanas refleja un abuso de las leyes destinadas a proteger a las mujeres en la política. La aplicación selectiva y desproporcionada de sanciones, junto con la falta de transparencia y claridad en los procesos, sugiere una estrategia para acallar críticas y restringir la libertad de expresión. Es crucial que las normativas se apliquen con criterios objetivos y que se garantice un equilibrio entre la protección contra la violencia de género y el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de prensa y el derecho a la información.