Veracruz.- En el desfile del 16 de septiembre en Xalapa, Roberto Ramos Alor —coordinador estatal del IMSS-Bienestar— esquivó a reporteros que lo interpelaban por el desabasto de medicamentos e insumos. No es un detalle menor: médicos, enfermeras y residentes llevan semanas protestando —al menos siete movilizaciones desde finales de agosto— porque faltan jeringas, guantes, batas, material quirúrgico y fármacos; en el CAE de Xalapa se denunció la suspensión masiva de cirugías. El mismo funcionario ya había quedado exhibido al decirle a residentes que, si no querían operar sin herramientas, no operaran, y al recordarles que su evaluación depende de la institución. Se disculpó después. El problema no se disculpó.
Preguntado si se va o se queda, Ramos Alor soltó que su permanencia la deciden la gobernadora Rocío Nahle y las autoridades federales del organismo, y aseguró que “vamos bien” en el abasto. Nahle ya lo respaldó en público y descartó pedirle la renuncia. Esa es la línea: el funcionario se esconde detrás del cargo de otro y el gobierno estatal convierte la crisis hospitalaria en un asunto de lealtad política. Mientras tanto, la secretaria de Salud, Mariela Hernández, y el propio Ramos Alor se retiraron sin responder si se suspenderían consultas en el CECAN para proteger a pacientes con cáncer ante el brote de sarampión.
La Secretaría de Salud federal documentó 16 casos confirmados en ese centro oncológico —12 en personal de salud, tres en pacientes y uno en un familiar— y dos defunciones: una niña de 10 años con linfoma no Hodgkin y un joven de 22 años, este último pendiente de dictaminación. Un brote de sarampión en un hospital de cáncer no es un accidente administrativo; es el retrato de un sistema que no cubre lo básico y de una cúpula que, cuando le preguntan por los enfermos, camina hacia otra parte. En Veracruz no falta el discurso de que “se está trabajando”. Faltan insumos, faltan respuestas y, en el CECAN, ya faltaron vidas.