CDMX.- La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, forzada por el escándalo de contratos millonarios con empresas de José Alfredo Hernández Casillas y por las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles conflictos de interés y triangulación de recursos, no ha servido para limpiar la institución: solo ha exhibido la captura que Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum ejercen sobre el árbitro electoral. Mientras organizaciones como Marea Mexicana convocan a una marcha el 6 de diciembre del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia bajo la consigna “¡Fuera Morena del INE!” para exigir un organismo autónomo, ciudadano y libre de corrupción, la presidenta se limita a responder que “no tiene información” sobre si Taddei o el contratista salieron del país, amparándose en que el INM considera los datos migratorios como privados. Esa evasiva no aclara el paradero ni desmiente las sospechas; simplemente protege la opacidad.
El gobierno que llegó prometiendo austeridad y “honestidad valiente” toleró durante años a una consejera presidenta elegida por tómbola, cercana al oficialismo, mientras se acumulaban denuncias de proveedores favorecidos, renuncias masivas de funcionarios cercanos a Taddei y reportes de irregularidades que suman cientos de millones de pesos. Sheinbaum calificó la renuncia como “buena decisión”, pero ahora, ante la pregunta concreta sobre si la exfuncionaria permanece en México, ofrece la misma ambigüedad que caracteriza su manejo de escándalos de corrupción en el círculo del poder. Desestimar la convocatoria ciudadana como “otra manifestación más” revela el desprecio por la exigencia de un INE que no sea oficina de correspondencia del partido en el gobierno.
Mientras el proceso electoral 2027 avanza con la presidencia del INE vacante y el presupuesto bajo presión, el mensaje oficial es claro: no hay voluntad de rendir cuentas ni de restaurar la autonomía institucional. La marcha del 6 de diciembre no es un capricho de la oposición; es la respuesta lógica a un patrón de control, encubrimiento y normalización de la impunidad que erosiona la confianza en las elecciones. Si el gobierno insiste en tratar la corrupción en el árbitro electoral como un asunto privado, los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle a recordarle que el voto y las instituciones no le pertenecen.
