CDMX.- Según reportó Proceso el 27 de octubre de 2026, citando fuentes cercanas al entorno de Cuauhtémoc Blanco y del Congreso, Natalia Rezende Moreira —expresidenta del DIF Morelos y esposa del diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos— fue interceptada hace unas dos semanas en un aeropuerto de Nueva York al detectársele una fuerte suma de efectivo no declarado. Habría dicho que el dinero era para una donación a una iglesia cristiana a la que pertenece; la CBP la declaró no admisible en ese momento, fuentes de Morena señalan que le revocaron la visa y Blanco gestionó su regreso a México, donde ya está. No hay monto exacto, aeropuerto específico ni confirmación oficial de autoridades estadounidenses. Blanco lo negó de plano ante la prensa: “se me hace una estupidez”, “un invento”, “me importa un cacahuate lo que diga la prensa” y aseguró que nadie fue detenido y que su esposa está en casa con los hijos.
La explicación religiosa suena conveniente y el desplante de Blanco —que incluso menciona cifras hipotéticas de 30, 40 o 50 mil dólares para argumentar que “todo se declara”— no aclara el origen del efectivo ni por qué fuentes políticas hablan del incidente. Esto ocurre en el mismo entorno donde, en 2022, un video filtrado mostró a Rezende con el ojo golpeado pidiendo ayuda a los escoltas de Blanco tras una presunta agresión (él no se ha pronunciado a fondo), y donde Proceso documentó en 2025 irregularidades, nepotismo y derroches en su gestión en Morelos. No es un caso aislado: es el mismo patrón de opacidad que rodea a varios cuadros de Morena que llegan a cargos públicos sin cuentas claras.
Que un diputado federal deseche un reporte de retención aduanera en Estados Unidos con el tono de “ataque político” y “aquí estoy más fuerte que nunca” revela más arrogancia que transparencia. Si el efectivo era lícito y destinado a una iglesia, la declaración ante CBP era obligatoria y sencilla; la negativa a explicar de dónde sale el dinero de un exgobernador y su esposa, expresidenta del DIF, alimenta las sospechas legítimas sobre el uso de recursos públicos y la doble vara de la 4T. La prensa no inventa la obligación de declarar más de 10 mil dólares; Blanco sí evade la pregunta de fondo.