CDMX.- Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, advirtió en la plenaria de diputados que el partido no puede ser representado por personas con “vínculos inconfesables” ni con cuentas pendientes. Lo dijo rumbo a 2027, cuando el oficialismo promete filtrar dos veces a sus candidatos con el Gabinete de Seguridad y el INE. El problema no es la frase: es el historial reciente del propio partido. Montiel asumió la dirigencia el 3 de mayo de 2026 prometiendo cero tolerancia a la corrupción, justo cuando Estados Unidos acusaba al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de favorecer al Cártel de Sinaloa. Días atrás, el senador Enrique Inzunza se separó de la bancada morenista —sin avisar a la dirigencia— tras señalamientos similares. Y a mediados de agosto la misma Montiel tuvo que rectificar: primero negó y después admitió que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por investigaciones periodísticas y por la UIF como presunto operador financiero de la mafia rumana, aparece como militante de Morena desde 2013.
Esa es la contradicción que no se tapa con un eslogan. Si hay “vínculos inconfesables” tan graves como para poner en riesgo al movimiento, no basta con advertir que no habrá candidaturas: hay que nombrarlos, investigarlos y, si procede, expulsarlos. En lugar de eso, Morena ha ido a remolque: deslindes tardíos, rectificaciones sobre el padrón y un discurso que atribuye casi cualquier escándalo a una “campaña de la ultraderecha”. El principio es correcto. La práctica, hasta ahora, no. Y un partido que gobierna no puede exigir pureza hacia adelante mientras administra, con lentitud y contradicciones, los casos que ya tiene encima.